El Plan B elimina contrapesos y reduce presencia ciudadana: Cristiana Ruiz

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, advirtió que el llamado Plan B no busca eficiencia ni austeridad, sino concentrar poder y reducir la representación ciudadana.

“Menos regidores significa menos supervisión de obra, menos rendición de cuentas y menos voces que representen a la sociedad”, afirmó.

Ruiz Sandoval señaló que la propuesta de fijar entre 7 y 15 regidores en todos los ayuntamientos desconoce la diversidad del país.

“No es lo mismo gobernar Ecatepec, con más de 1.6 millones de habitantes, que un municipio con menos de 5 mil”, subrayó.

Se redujo la presencia de la oposición

Recordó que en 2021, en el Estado de México, se eliminaron 407 regidurías y 9 sindicaturas, lo que incrementó el control del bloque oficialista en Ecatepec del 63% al 75%, reduciendo la presencia de la oposición.

Respecto a los congresos locales, indicó que el tope del 0.70% del presupuesto estatal no representa un ahorro real, pues entidades como el Estado de México (0.48%) y la Ciudad de México (0.60%) ya operan por debajo de ese límite. “La medida no genera ahorro, pero sí limita la capacidad de fiscalización”, puntualizó.

La dirigente priista advirtió que estas modificaciones reducen la representación, presionan a los congresos, alteran las condiciones de competencia y debilitan a las autoridades electorales.

“El país necesita reglas claras, instituciones fuertes y gobiernos que den resultados, no cambios diseñados para concentrar el poder”, enfatizó.

Ruiz Sandoval calificó el Plan B como una revancha política tras el fracaso del Plan A. “Lo que el oficialismo presenta como una reforma para la eficiencia es, en realidad, un Plan M, de mañoso, diseñado para reducir contrapesos, centralizar decisiones y ampliar la ventaja de quien hoy gobierna”, sostuvo.

La propuesta no contempla recortes al Gobierno Federal

También cuestionó el argumento de la austeridad, al señalar que la propuesta no contempla recortes al Gobierno Federal y mantiene intacto el gasto central, mientras introduce medidas que afectan el equilibrio institucional.

Entre los puntos más delicados, destacó la modificación a la revocación de mandato, que se adelanta y se coloca en tiempos electorales, permitiendo la participación directa del Ejecutivo en el proceso. Además, la reducción de la veda electoral de 90 a 60 días amplía el margen de influencia política previo a las elecciones.

Finalmente, advirtió que los topes salariales planteados impactan directamente en la capacidad técnica del INE, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales, sin que exista una revisión equivalente en otras estructuras de gobierno.

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