Empresarios ganan hasta 80% de juicios por devolución del IVA; llaman a documentar operaciones

Los empresarios pueden recurrir a la justicia federal cuando consideran que el cobro de impuestos o derechos es ilegal, desproporcionado o inconstitucional; sin embargo, también deben fortalecer sus controles contables y conservar las pruebas de sus operaciones para evitar perder litigios fiscales.

Juzgadores federales tienen la facultad de revisar legalidad de los impuestos

Mayra Sandoval Mendoza, magistrada presidenta del Pleno Regional en Materia Administrativa, especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, explicó que los juzgadores federales tienen la facultad de revisar si los impuestos cumplen con los principios constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad.

Señaló que los tribunales pueden analizar si está justificada la creación de un nuevo impuesto, el incremento de uno existente o las diferencias en las cargas fiscales que se aplican a determinados sectores empresariales.

Explicó que, cuando la ley asiste al empresario, los tribunales deben reconocer y proteger sus derechos, sin que ello represente una inclinación hacia el sector privado, sino el cumplimiento de la legalidad.

Empresarios ganan juicios por devolución del IVA

Entre los asuntos que llegan con mayor frecuencia al ámbito judicial, destacaron las controversias por la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), particularmente cuando las autoridades fiscales niegan, retrasan u omiten responder las solicitudes de devolución de saldos a favor de los contribuyentes.

Indicó que, en este tipo de procedimientos, los tribunales han resuelto aproximadamente 80 por ciento de los casos a favor de los contribuyentes, cuando se acredita que tienen derecho a recuperar los recursos pagados en exceso.

No obstante, advirtió que el panorama cambia en los procedimientos relacionados con auditorías fiscales y la materialidad de las operaciones, particularmente cuando la autoridad presume que las actividades comerciales fueron simuladas, aunque existan facturas que aparentemente las respalden.

En estos casos, señaló que los resultados judiciales suelen favorecer a la autoridad fiscal. Como ejemplo, recordó su experiencia en un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de México, donde alrededor de 80 por ciento de las resoluciones confirmaban las determinaciones de la autoridad y solo 10 por ciento favorecían al contribuyente.

Empresarios deben documentar todos sus movimientos comerciales

Ante este escenario, hizo un llamado a las empresas para que no se limiten a conservar facturas y comprobantes fiscales, sino que documenten cada movimiento de sus actividades comerciales.

Entre las pruebas que pueden resultar determinantes mencionó registros de entradas y salidas de almacén, correos electrónicos, solicitudes de mercancía, contratos y documentación que permita demostrar que las operaciones realmente se realizaron.

Sandoval Mendoza subrayó que estos elementos pueden marcar la diferencia en un juicio, pues una factura por sí sola no siempre acredita la materialidad de una operación. Por ello, recomendó a los empresarios dar importancia a la integración de sus expedientes contables y administrativos para contar con elementos sólidos ante cualquier revisión fiscal.

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MPH