Empresas advierten necesidad de transparentar intenciones de rastreo a deportados de EEUU

Empresas privadas contratadas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) buscan localizar en México a personas que fueron deportadas o que abandonaron ese país y que mantienen multas o sanciones migratorias pendientes, una estrategia que, de acuerdo con especialistas, extiende fuera del territorio estadounidense labores de localización, cobro y abre cuestionamientos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estableció un programa denominado Servicios de Localización y Recuperación de Pagos, mediante el cual pretende contratar investigadores privados para confirmar dónde viven las personas buscadas. El esquema contempla México, Guatemala y Honduras y tiene un monto máximo de 9 millones de dólares durante dos años.

No solo es el cobro de sanción sino la información de personas en otro país

Gonzalo Torres, especialista en política migratoria, explicó que el aspecto relevante no solamente es el cobro de una sanción, sino que una autoridad estadounidense pretende obtener información sobre personas que ya se encuentran en otro país mediante compañías privadas.

“La capacidad de una empresa contratada por una autoridad estadounidense para obtener información de domicilio no puede entenderse de la misma manera fuera del territorio. El punto central es conocer qué fuentes de información puede utilizar la compañía, qué autorización tiene para consultarlas y bajo qué legislación se encuentra realizando esa actividad en México”, señaló.

Consideró que la utilización de fotografías de viviendas, registros laborales y otros documentos plantea un problema específico de protección de información.

“Una fotografía de una vivienda puede parecer un dato sencillo, pero adquiere otra dimensión cuando se utiliza para identificar el lugar donde reside una persona y relacionarlo con una obligación económica.

Si además se cruzan registros laborales, judiciales o de servicios, se está construyendo un expediente con información de carácter personal. Por eso debe existir claridad sobre quién puede acceder a esos datos”, mencionó.

Transparentar intenciones de rastreo a deportados de EEUU

La estrategia está relacionada con multas por incumplimiento de determinadas obligaciones migratorias. De manera paralela, en mayo de 2026 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), propuso aumentar de 5 mil 130 a 18 mil dólares una cuota aplicable a determinadas personas con órdenes de expulsión dictadas en ausencia que posteriormente sean detenidas por ICE. La propuesta no establece una multa automática para todas las personas deportadas.

Agregó que otro punto de análisis es la posibilidad de que una persona cuestione la existencia de la deuda, el monto reclamado o incluso su identidad antes de que una empresa privada intente localizarla en México, toda vez que un mecanismo de cobro necesita una vía.

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