El gobierno federal endureció las normas para el transporte y la distribución de gas LP e impuso gobernadores de velocidad, monitoreo GPS centralizado, pruebas hidrostáticas periódicas y dictámenes de mantenimiento obligatorios.
Las medidas fueron incluidas en las normas emergentes NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025, que serán publicadas este viernes. El objetivo central es elevar la seguridad industrial y reducir riesgos con vehículos que circulen a velocidad controlada, sin fugas y bajo vigilancia permanente, subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Antes no había inspección; ahora va a haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía la autoridad; ahora no, ahora va a haber una inspección. Antes era una inspección visual, nada más; ahora no, ahora se tienen que hacer pruebas”, afirmó durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional.
Dispositivos de control de velocidad y sistema GPS
Las nuevas disposiciones obligan a cada unidad a instalar dispositivos de control de velocidad, y un sistema de GPS que será monitoreado en un centro de vigilancia operado por la Secretaría de Energía (Sener).
“Va a haber un Centro de Monitoreo; es decir, todos los transportes de gas LP van a tener un GPS, que ya es obligatorio, pero nadie los monitorea”, puntualizó la mandataria al presentar la medida.
Por su lado, la secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que los permisionarios deberán presentar dictámenes de mantenimiento y pruebas periódicas de presión hidrostática para prevenir fugas y explosiones.
Además, los operadores tendrán que acreditar capacitación técnica y práctica mediante estándares de competencia elaborados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la propia Sener, con aval del Consejo Nacional de Normalización.
Los plazos de cumplimiento se ajustaron a las características de cada unidad. Los vehículos con capacidad mayor a 5 mil litros y antigüedad mayor a 10 años dispondrán de cuatro meses para adecuarse, mientras que el resto contará con seis meses.
Buscan elevar las condiciones de seguridad
Sheinbaum insistió en que no se trata solo de limitar la velocidad de las pipas, sino de elevar las condiciones de seguridad. “se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente”, recalcó.
El plan es consecuencia del estallido de una pipa de gas LP en Iztapalapa, que dejó hasta ahora 31 muertos y decenas de lesionados, y forma parte de una estrategia que considera verificaciones conjuntas de la SICT, la Comisión Nacional de Energía y la ASEA.
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