Exoneración de Aleatica confirma corrupción de jueces: de la Cruz
El legislador Faustino de la Cruz dijo que la FGR debe pedir la reposición del proceso
El fallo de un juez para exonerar a exfuncionarios estatales y de Aleatica, acusados por la probable explotación ilegal de un bien de la nación, en el caso del Viaducto Bicentenario, confirma que el Poder Judicial sirve a la corrupción de jueces, señaló el diputado Faustino de la Cruz Pérez.
La Fiscalía General de la República presentó una acusación contra OHL, por considerar que la concesión del Viaducto Bicentenario, vialidad de 22 kilómetros, fue ilegal, tras lo cual en días pasados, el juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al Centro de Justicia del Penal Federal del Altiplano, determinó la no vinculación a proceso de cuatro ex funcionarios mexiquenses, entre los que se encontraban Ernesto Nemer Álvarez, Gilberto Limón y dos exdirectivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleatica, antes OHL.
Exoneración de Aleatica confirma corrupción de jueces: de la Cruz
Por ello, el legislador mexiquense, quien durante años exigió investigar la concesión del Viaducto Bicentenario, por el exgobernador Enrique Peña Nieto a la empresa OHL, afirmó que «es lamentable que se violente el derecho constitucional de los mexiquenses, en el sentido de que el Poder Judicial esté al servicio de los poderes fácticos, de las empresas corruptas y la no transparencia, y ello obliga a que la ciudadanía tome cartas en el asunto».
Manifestó que «es deleznable, porque no corresponde con lo que debe de ser y eximir a los ex funcionarios que tienen responsabilidad, ofende a un pueblo mexiquense que ha sido violentado, que ha sido defraudado, porque se ha cometido un robo de esta empresa extranjera».
Faustino de la Cruz precisó que dicha concesión ha lastimado la economía de los miles de mexiquenses que usan esa vía y es urgente que sea recuperada.
Detalló que es necesario solicitar que se reponga el proceso
Consideró que por el hecho de haber sido reconocida esta vialidad como un bien nacional, debe devolverse a la nación y la empresa debe dejar de explotarla, sin ningún resarcimiento indemnizatorio.
El representante del pueblo detalló que es necesario solicitar a la Fiscalía que pida que se reponga el proceso, que se revise, que lo impugne, porque no es justo que sabiendo los funcionarios que esta situación de violentar la norma, hayan permitido con afanes de corrupción y acuerdos políticos con Peña Nieto y Arturo Montiel, que se hayan saqueado recursos de la nación.
Subrayó que usar la vía ha significado costos onerosos, que afectan la economía de los mexiquenses «y sobre todo pagando un servicio que se hizo de manera ilícita».
Y sobre el juez que dictó la sentencia, demandó que sea llamado a aclarar su posición, por lo que dijo que el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tienen que solicitarlo en conjunto con algún particular. «Nosotros vamos a revisar hasta donde se puede intervenir», finalizó.
SPM
