Falta de certeza jurídica en tierras de 400 comunidades del Edomex: CCC

Aproximadamente 400 comunidades del Estado de México carecen de reconocimiento y titulación legal sobre sus tierras, situación que las coloca en riesgo frente al avance de proyectos inmobiliarios, presiones políticas, intereses económicos y grupos criminales que buscan controlar territorios ejidales y comunales, advirtió la Central Campesina Cardenista (CCC).

La organización sostuvo que una parte importante de esas comunidades se localiza en regiones forestales y de recarga hídrica, cuya conservación resulta estratégica para el abasto de agua del Valle de México y del Valle de Toluca. Sin embargo, pese a su papel ambiental, los núcleos campesinos siguen sin certeza jurídica plena sobre los territorios que habitan, trabajan y resguardan.

Permanecen más de 20 mil expedientes pendientes

Durante una movilización realizada frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el dirigente nacional de la CCC, Max Correa Hernández, señaló que el rezago agrario mantiene a pueblos campesinos e indígenas en una condición de indefensión, pues muchos expedientes nunca fueron resueltos después del cierre del reparto agrario.

De acuerdo con la agrupación, a 34 años de que concluyó esa etapa, en el país permanecen más de 20 mil expedientes pendientes o sin una solución efectiva, lo que impidió que numerosas comunidades pudieran acudir en condiciones adecuadas ante los Tribunales Agrarios.

En el caso mexiquense, el problema se agrava por la expansión urbana de las últimas décadas. Municipios con crecimiento habitacional, corredores carreteros, zonas industriales y áreas boscosas enfrentan disputas por tierras de propiedad social, donde la falta de documentos legales facilita litigios, invasiones, compraventas irregulares y presión sobre ejidatarios y comuneros.

Correa Hernández sostuvo que el debilitamiento de las instituciones agrarias redujo la capacidad del Estado para proteger la propiedad social y contener la especulación sobre territorios campesinos. “Hoy, donde antes se sembraban alimentos, muchos pretenden sembrar desarrollos urbanos y especulación inmobiliaria”, expresó durante el mitin.

Falta de certeza jurídica en tierras

La CCC planteó que la discusión sobre la tierra no puede limitarse a la posesión jurídica, pues involucra también la defensa de bosques, manantiales, suelos agrícolas y zonas de recarga que sostienen a millones de habitantes de las áreas metropolitanas del centro del país.

Por ello, la organización pidió impulsar un Programa de Conciliación y Justicia Agraria en el Bosque de Agua, una región clave para la conservación forestal y la captación de líquido, donde se han acumulado conflictos entre núcleos agrarios, particulares y proyectos asociados al crecimiento urbano.

La agrupación solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acompañar una agenda nacional que fortalezca a las instituciones encargadas de la justicia agraria, la conciliación y la defensa de la propiedad social, con prioridad en los expedientes rezagados y en las comunidades indígenas que aún no cuentan con reconocimiento oficial.

Correa Hernández consideró positivo el convenio firmado recientemente entre la SCJN y el sector agrario para proteger la propiedad social y el territorio, aunque pidió que sus alcances incluyan a comunidades que, por años, no tuvieron acceso efectivo a la justicia.

Piden atender el rezago agrario

La Central Campesina Cardenista propuso también aumentar el presupuesto destinado al sector agrario y fortalecer la capacitación de abogados, representantes ejidales y autoridades comunitarias, para que los pueblos puedan enfrentar en mejores condiciones disputas por la tierra.

Además, solicitó instalar una mesa permanente de trabajo con la Suprema Corte, las instituciones agrarias y la CCC, con el propósito de incorporar las demandas de comunidades mexiquenses y de otros estados al convenio de colaboración.

Para la organización, atender el rezago agrario en el Estado de México permitiría frenar conflictos territoriales, proteger zonas ambientales estratégicas y garantizar justicia a comunidades que han conservado bosques y agua, pero aún no tienen certeza legal sobre sus tierras.

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