La FGR presenta iniciativa para sancionar feminicidio con penas de hasta 70 años de cárcel, incluyendo agravantes, nuevas reglas de investigación y protección a víctimas.

FGR presenta iniciativa para sancionar feminicidio con penas de hasta 70 años de cárcel

La iniciativa de la FGR busca endurecer penas por feminicidio con sanciones de hasta 70 años de prisión.

Zasid Quizamán

Marzo 24, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer una nueva propuesta de reforma que busca endurecer las sanciones contra el feminicidio en México, uno de los delitos más graves y sensibles en el país. La iniciativa plantea penas de hasta 70 años de cárcel y una transformación profunda en la manera en que se investigan estos casos.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que el objetivo principal es garantizar justicia para las víctimas y sus familias, además de combatir la impunidad que históricamente ha rodeado este delito.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la iniciativa será enviada al Senado y destacó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio desde el primer momento.

¿Qué propone la iniciativa sobre feminicidio?

La propuesta busca crear una Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, lo que permitiría unificar criterios en todo el país.

Entre los puntos más relevantes se encuentran:

Establecer penas de 40 a 70 años de prisión
Considerar hasta 21 agravantes
Sancionar la tentativa de feminicidio
Aplicar multas económicas
Garantizar la reparación integral del daño

Además, se pretende que el delito sea investigado de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia previa, y que tanto la sanción como la reparación del daño sean imprescriptibles.

Las agravantes que podrían aumentar la pena

Uno de los aspectos clave de la reforma es la inclusión de 21 agravantes, que podrían aumentar la gravedad del castigo.

Entre ellas destacan:

Que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor
Que tenga alguna discapacidad
Que el crimen ocurra frente a sus hijas o hijos
Que la víctima sea migrante
Que pertenezca a pueblos originarios

También se consideran elementos como violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder o subordinación, y la exposición del cuerpo de la víctima.

Investigación obligatoria con perspectiva de género

La iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el inicio, lo que busca evitar errores o negligencias en las primeras etapas del proceso.

Además, se propone:

Homologar protocolos en todo el país
Incluir la perspectiva de género en cada etapa
Fortalecer capacidades técnicas y científicas
Garantizar coordinación entre autoridades

De acuerdo con las autoridades, esto permitirá mejorar la procuración de justicia y reducir la impunidad.

Cambios en derechos del agresor

Otro punto importante es que las personas responsables de feminicidio perderían diversos derechos legales, entre ellos:

Derechos sobre herencias o bienes de la víctima
Patria potestad de hijas e hijos
Tutela, guarda y custodia

Estas medidas buscan proteger a las familias afectadas y evitar beneficios legales para los agresores.

Un cambio estructural en el sistema de justicia

La reforma también plantea la creación de fiscalías especializadas en feminicidio en todo el país, con personal capacitado y certificado.

Asimismo, se busca que los casos sean atendidos de manera continua, sin interrupciones por cambios de turno, con el objetivo de garantizar investigaciones completas y eficientes.

La iniciativa parte de la idea de que el feminicidio no solo es un delito, sino una grave violación a los derechos humanos que requiere una respuesta integral del Estado mexicano.

Hacia una ley nacional contra el feminicidio

La propuesta contempla modificar la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general en la materia, lo que permitiría establecer reglas claras y homogéneas en todo el país.

Según lo expuesto, esta legislación ayudaría a coordinar acciones entre instituciones y a garantizar el derecho de mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia.

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