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En comisiones legislativas se inició el análisis de iniciativas enfocada a los municipios; la primera busca obligar a las alcaldías a contar con Atlas de Riesgo los primeros 90 días iniciadas su gestión; y la segunda a aprovechar actividades arqueológicas para sus localidades.
Atlas de Riesgo en 90 días y actualización obligatoria cada marzo
Los trabajos se iniciaron en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas, así como de Gobernación y Puntos Constitucionales con Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Por una parte, se analizó la propuesta del legislador local de Morena, Valentín Martínez Castillo, quien busca fortalecer la prevención de riesgos desde los ayuntamientos.
El proyecto plantea que las alcaldías integren sus atlas de riesgos al Sistema Nacional de Protección Civil durante los primeros 90 días de su administración y los actualicen anualmente, a más tardar en marzo.
Por eso, se propone reformar la fracción V del artículo 115 de la Constitución federal y la fracción XXII del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.
Al respecto, Martínez Castillo detalló que esta reforma daría mayor certeza a una obligación preventiva y facilitaría la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, con información útil para ordenar el territorio, orientar las obras y proteger a la población.
Por otra parte, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, Planeación y Gasto Público y Finanzas Pública, arrancó con el estudio de la propuesta del diputado local de Morena, Javier Cruz Jaramillo, para aprovechar los ingresos de las zonas arqueológicas.
La misma proponer al Congreso de la Unión una reforma al artículo 288-G de la Ley Federal de Derechos.
Cruz Jaramillo explicó se busca destinar a los municipios que albergan zonas arqueológicas el 50 % de los recursos recaudados por los derechos de acceso a museos, sitios y zonas arqueológicas previstos en el artículo 288.
Y enfatizó responde a un principio de justicia: los municipios que brindan servicios públicos en estos lugares también deben recibir mayores beneficios por contar con este patrimonio en su territorio.
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Pat
