Iniciativa de Ley de Despojo a nivel federal plantea elevar penas para este delito

La iniciativa de Ley de Despojo presentada por el diputado federal por el Distrito 29 de Nezahualcóyotl, Gerardo Ulloa Pérez y aprobada por la Cámara Baja, plantea elevar penas para quienes cometan el delito de despojo, que actualmente se sanciona con prisión de 3 meses a 5 años y multas que van de 50 a 500 pesos.

La propuesta plantea un castigo de entre seis y 10 años de prisión y multas que van de las 500 a las 2 mil unidades de medida y actualización (UMA) equivalentes a montos que van desde los 58 mil a los 234 mil pesos.

Iniciativa de Ley de Despojo ya fue turnada a senadores

El legislador Morenista señaló, durante su informe de actividades, que la iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores y, de ser aprobada, tendría algunas adiciones como el hecho de incluir una agravante para los servidores públicos involucrados en ese tipo de ilícitos.

Refirió que entre 2015 y 2025 se registraron en México más de 42 mil 300 casos de despojo y, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México, registra la mayor incidencia de despojos de inmuebles y sólo durante el rimer semestre del 2026 la Fiscalía general de Justicia del Estado de México inició más de 2 mil 400 carpetas de investigación.

“Hoy el Código Penal Federal no contempla agravantes por eso hay tanto tanta simulación y participación de servidores públicos que se prestan a cometer actos de corrupción (…) es un problema que ha afectado a muchas familias del Estado de México, particularmente en municipios de la zona oriente “, refirió.

Edomex aprobó una iniciativa que endurece penas por despojo

Refirió que, en el caso del Estado de México también se aprobó una iniciativa para endurecer las penas para quienes incurran en ese ilícito, y mencionó los municipios que concentran el mayor número de denuncias entre 2015 y 2025:

Ecatepec lidera la estadística con 123 casos, seguido por Tecámac con 98, Chimalhuacán 75, Nezahualcóyotl 68, Toluca 67, Chalco 64, Ixtapaluca 53 y Naucalpan 42.

“Pero de lo que nos dimos cuenta en el análisis para desarrollar la iniciativa es que algo común es que hay servidores públicos involucrados en esto, quienes proporcionan información a esos grupos delictivos dedicados al despojo, funcionarios de castro que saben el estatus de la vivienda, si está en construcción, si está habitada o no, si tiene traslado de dominio, si ha pagado predio”, expuso.

Esos casos se considerarían como agravante, y si es en agravio de personas vulnerables como como adultos mayores, personas con discapacidad y madres jefas de familia el castigo aumenta en un 50% por ciento, indicó.

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