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El 9 de noviembre la Cámara de Diputados Federal turnó a las comisiones de dictamen tres iniciativas de decreto al Congreso de la Unión que aprobó el Congreso Mexiquense, las cuales se publicaron en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” ese día, por lo que es menester que los diputados locales autores de estas efectúen los cabildeos correspondientes para que se aprueben este año y no queden archivadas como generalmente ocurre con este tipo de iniciativas.
La iniciativa de decreto por la que se propone reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, tiene como propósito reconocer en el marco constitucional que los municipios estarán facultados para elaborar el atlas municipal de riesgos.
Para instrumentar dicha reforma, se propone en la ley respectiva hacer las adecuaciones necesarias, para que “la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional (de Protección Civil) tenga entre sus atribuciones, las de “supervisar, a través del Centro Nacional (de Prevención de Desastres), que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de Riesgos, así como los correspondientes a los que están obligadas las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Dichos atlas deberán ser elaborados e integrados al Sistema Nacional dentro de los primeros ciento ochenta días naturales contados a partir del inicio del periodo constitucional de cada gobierno, y actualizados anualmente a más tardar en el mes de marzo de cada año”.
La iniciativa de decreto por la que se propone reformar la Ley Federal de Derechos, tiene como propósito establecer que “los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo (De los Bienes Culturales Propiedad de la Nación), se destinarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, según corresponda, para la investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras de los mismos y, en un 25%, respecto de los ingresos generados por los derechos a que se refiere el artículo 288 de esta ley, a los municipios en donde se genere el derecho, a fin de ser aplicados en obras de infraestructura y seguridad de las zonas, con base en los convenios que al efecto se celebren con las entidades federativas y los municipios respectivos”.
Finalmente, en la iniciativa por la que se propone reformar la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se propone que al momento de efectuar la asignación global de recursos para servicios personales en la elaboración del prepuesto de egresos federal se eliminen las excepciones previstas por concepto de “sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente”.
También se propone exceptuar de dicha disposición “los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública y protección de la salud, incluyendo policías estatales y municipales, personal médico, de enfermería, paramédico y afín”; así como “los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas”. En estas dos excepciones se indica que “no comprenderán al personal estrictamente administrativo que no participe de manera directa en las funciones sustantivas de seguridad pública o de prestación de servicios de salud”.
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