La auditoría superior de la federación, obligada a sancionar

La Auditoría Superior de la Federación existe por mandato del artículo 79 constitucional, que establece la facultad de la Cámara de Diputados para fiscalizar la Cuenta Pública mediante un órgano técnico autónomo, es decir la ASF es  quien  revisa cómo se gasta el dinero de todos los mexicanos en la administración pública, que abarca los tres ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, y compete al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos constitucionalmente autónomos( INE), que para este 2026 el presupuesto a ejercer es de más de 10 billones de pesos ( 10 millones de millones)

Es importante destacar que, la ASF no trabaja a discreción, tiene un calendario legal de rendición de cuentas, el mismo debe presentar el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública el 20 de febrero de cada año, además de entregar tres informes individuales en distintas etapas del proceso de auditoría ante la Cámara de Diputados. Estos reportes son la base para sanciones, observaciones y recuperaciones de recursos públicos de las entidades fiscalizadas.

Por ello cobra relevancia que el 10 de marzo del 2026 en uso de su atribución exclusiva, por mayoría calificada, con 472 votos, el pleno de la Cámara de Diputados eligiera a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034, mismo que antes de su designación se desempeñaba como Auditor Especial de Gasto Federalizado dentro de la propia ASF, por lo que no es ajeno al trabajo de la institución y su perfil lo respalda.

A las denuncias del Instituto Nacional Electoral y sus equivalentes a nivel local (OPLES) que está ya investigando por posibles actos de corrupción, se suma   el  anuncio que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, hizo  el  viernes 20 de octubre, al  interponer  ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una denuncia formal contra empresas vinculadas al empresario Amílcar Olán Aparicio, cercano a Andy López Beltrán, por presuntas irregularidades en contratos de medicamentos.

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez sostuvo que dichas empresas recibieron contratos para surtir cerca de 20 millones de órdenes de medicamentos, de las cuales 17 millones no habrían sido entregadas. Asimismo señaló presuntos retrasos de hasta 220 días, pagos sin documentación que acredite la entrega de los medicamentos y sanciones contractuales que, afirmó, no fueron cobradas.

Por ello el trabajo que haga la Auditoría Superior de la Federación, abre una luz de confianza en que las cosas se pueden hacer mejor, de cara a la transparencia del ejercicio del dinero público, que al final del día es de todos los mexicanos.

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