La nueva crisis interna del árbitro electoral

El 12 de enero el consejo general del IEEM sesionó para aprobar el financiamiento público y privado anual de los partidos políticos, así como los topes de gastos de las precampañas iniciadas el sábado pasado. Pero la discusión central no se dio en torno a estos puntos, mediante los cuales se aprobaron grandes cantidades de dinero para las actividades partidistas.

El debate más importante giró en torno a la adquisición de vehículos nuevos para varias consejerías, que ha generado fuertes críticas de la opinión pública. La consejera Paula Melgarejo inscribió el tópico como un asunto general disfrazado. Sin mencionarla por su nombre, reprochó a otra consejera, Karina Vaquera, sus declaraciones en torno a la compra, así como sus gastos en indemnizaciones laborales y peajes de 2021 y 2022, lo cual generó una agria discusión.

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Esa confrontación solo es un reflejo del conflicto interno originado desde que el consejo general del INE designó como consejeras a las dos protagonistas del debate, y a Patricia Lozano, para cubrir las cuotas de sus grupos de poder. Así cambió la composición existente hasta 2017 en el consejo general del IEEM (4 hombres-3 mujeres) a 2-5 en 2020 y a 1-6 en 2022, respectivamente.

El INE no procuró una integración de género más paritaria; tampoco una mayor combinación de juventud y experiencia. El promedio de edad de las consejeras al iniciar el concurso fue de 36 años. La mayoría contaba con una experiencia profesional limitada en ese momento. Solo el consejero contaba con 58 años al registrarse y había tenido un cargo de alta responsabilidad.

El equilibrio profesional tampoco fue atendido por el INE. A diferencia de la integración de 2014, donde solo cuatro consejeros del IEEM eran abogados, en 2017 la cifra creció a seis y así se mantuvo en 2022. Además, el INE tampoco procuró la representatividad regional. La mayoría de integrantes del consejo general del IEEM son del Valle de Toluca o viven ahí desde hace tiempo. El Valle de México está subrepresentado, a pesar de poseer la mayor de población del estado.

Con una composición así, no es sorprendente que la mayoría del consejo general del IEEM haya renovado sus vehículos 2018, semi paralizados en la pandemia. Un caso contrario ocurrió en 2005. El consejo general adquirió vehículos nuevos, antes de ser destituido el 11 de mayo, después del escándalo de corrupción de Cartonera Plástica. El consejo general nombrado 13 días después decidió que era momento de parar los excesos y canceló esa compra. Solo se conservó uno porque la agencia no aceptó la devolución. Además, en 2007 devolvió al erario público 267 millones de pesos.

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La cuestión de fondo en estos casos es su concepción del servicio público. La mayoría de integrantes del consejo general actual la percibe como un privilegio, no como un servicio. Por eso cualquier gasto les parece poco; los han normalizado. Forman parte de su vida cotidiana. Esa propensión al privilegio ha desatado una grave crisis al interior del IEEM que puede escalar más alto, agudizada por la inadecuada conducción de su presidenta.

Es oportuno que en el IEEM reflexionen sobre el costo del aparato administrativo. No es posible que prevalezca el derroche de recursos financieros entre los servidores públicos. En el contexto actual, cuando otra vez en febrero se discutirán los alcances de la reforma electoral, es necesario ajustar los ingresos y prestaciones de las consejerías a lo que marca la ley, no a su vanidad.