El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, presentado por la organización Red Lupa, permite observar la evolución de este problema en los últimos años. El 16 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) contabilizaba 100 mil personas desaparecidas. Un año después, la cifra ascendió a 107 mil 327; en 2024, a 117 mil 69; y para el 16 de mayo de 2025, el registro alcanzó 128 mil 64 casos
El análisis por entidades federativas revela una concentración geográfica significativa. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León agrupan el 44,3 % de las desapariciones a nivel nacional. El porcentaje de mujeres desaparecidas se mantiene en torno al 23 %, aunque existen estados donde la proporción es considerablemente mayor.
A finales de marzo del 2026 el Gobierno Federal informó que tras una revisión, encontró que 2.356 casos corresponden a personas que desaparecieron entre 1952 y 2005, en hechos relacionados “con el período de represión por parte del Estado”.
130.178 registros restantes de 2005 al 2025, en que las autoridades federales identificaron tres grupos: 46.742 en los que hay datos incompletos, “lo que imposibilita la búsqueda”; 40.308 en los que se ha detectado que esas personas han realizado diversos trámites, como matrimonios o movimientos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que indica que son localizables y en realidad no fueron víctimas de algún delito; 43.128 que fueron registrados con información completa y de los que no se ha hallado rastro.
Par diversas organizaciones de búsqueda de personas señalaron que es muy grave acotar a 43.128 el número de personas desaparecidas, lo que minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos, es muy lamentable decir que únicamente hay 3.869 carpetas de investigación abiertas, lo que evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.
Por ello cobra relevancia la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien se reunió con Senadores y la Presidenta Claudia Sheimbuam Pardo.
Con los primeros, los legisladores de Morena y PT defendieron la postura de rechazo del gobierno federal al Informe del Comité ́ de Desapariciones Forzadas de la ONU, mientras que la oposición del PAN, PRI y MC expresó su reconocimiento del documento.
Con la Titular del Ejecutivo federal, sólo hubo declaraciones muy generales sobre la reunión con el funcionario de Naciones Unidas sin precisar el contenido de la reunión. Sin embargo, lo cierto es que la desaparición de personas es y sigue siendo una asignatura pendiente de la agenda de seguridad y de las políticas públicas.
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