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La ola demócrata en la frontera contrasta con una Casa Blanca republicana. Para México, el reto será construir cooperación sin ceder soberanía.
En política, las urnas modifican los equilibrios; en seguridad, las amenazas no esperan a que los gobiernos tomen posesión. Esa es la principal lectura que México debe hacer de las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos: Donald Trump seguirá en la Casa Blanca, mientras los demócratas asumirán el control del Congreso. La relación bilateral entra así en una etapa de contrapesos, no de certezas.
El cambio político es especialmente relevante a lo largo de nuestra frontera norte. California eligió a Xavier Becerra; Arizona reeligió a Katie Hobbs; Nuevo México votó por Deb Haaland y Texas optó por Gina Hinojosa, quien derrotó a Greg Abbott. A partir de enero, cuatro estados fronterizos estarán gobernados por demócratas frente a una Casa Blanca republicana. Se trata de una configuración que obliga a distinguir entre el discurso partidista, las competencias constitucionales y las necesidades reales de protección.
Texas merece especial atención. Durante la administración Abbott, la Operación Lone Star convirtió la frontera en escenario de una vasta movilización de recursos. Hinojosa ha planteado revisar sus resultados, sin renunciar al principio de garantizar la seguridad en la región. El relevo abre interrogantes sobre despliegues, financiamiento y coordinación; no autoriza a suponer que las medidas federales de control migratorio desaparecerán.
Tampoco debe asumirse que el avance demócrata reducirá las presiones de Washington sobre México. El tráfico de fentanilo, las organizaciones criminales, la migración irregular y las redes de lavado de dinero seguirán ocupando un lugar central en la agenda bilateral. Desde la Casa Blanca, Donald Trump conserva facultades para mantener su política fronteriza; desde el Congreso, la nueva mayoría demócrata podrá supervisarla, condicionar recursos e impulsar ajustes. Esa coexistencia de poderes abre la puerta tanto a acuerdos como a nuevos episodios de confrontación institucional.
Una estrategia propia para una frontera compartida
Nuestro país requiere fortalecer una política de Estado capaz de dialogar al mismo tiempo con la Casa Blanca, el Congreso, las agencias federales y los gobiernos estatales. La cooperación será más efectiva en la medida en que se sustente en inteligencia, legalidad, resultados verificables y responsabilidades compartidas, no en presiones coyunturales ni en afinidades partidistas.
La reciprocidad, sin embargo, no puede quedarse en el discurso. Si Estados Unidos demanda resultados contra el tráfico de drogas, México debe exigir la misma determinación frente al flujo ilícito de armas hacia el sur y al entramado financiero que permite operar a las redes criminales en ambos territorios. Combatir la violencia exige intervenir toda la cadena, no únicamente el último eslabón.
Los estados mexicanos de la frontera también deben asumir un papel eminentemente técnico: fortalecer los centros de comando, intercambiar alertas oportunas, proteger la infraestructura crítica y garantizar la operación segura de los cruces por los que cada día transitan personas y mercancías. En una región profundamente integrada desde el punto de vista comercial, cualquier deterioro de las condiciones de seguridad termina por afectar la inversión, el empleo y la confianza.
La estabilidad económica de la región depende igualmente de esta coordinación. El T-MEC, cuya revisión trilateral derivó en mecanismos de evaluación periódica, seguirá siendo el principal marco institucional para discutir no sólo el comercio, sino también los desafíos compartidos en materia de seguridad. Frente a la nueva distribución del poder en Estados Unidos, México tiene la oportunidad de consolidar una política basada en instituciones y no en coyunturas.
Las administraciones cambian, pero las organizaciones criminales, las cadenas de suministro y las comunidades fronterizas permanecen. La estrategia, por tanto, debe pensarse en años y no en ciclos electorales.
México debe dialogar y cooperar con cualquier gobierno estadounidense, demócrata o republicano, pero sin renunciar a un principio fundamental: la seguridad nacional no se delega. Se construye desde la soberanía, la inteligencia y el Estado de derecho.
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