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La Fundación Carmen Sánchez elaboró una iniciativa ciudadana para la creación de una Ley para prevenir, atender, tipificar y sancionar las agresiones a mujeres con sustancias químicas, en la cual participaron víctimas de este tipo de ataques y la cual presentará el próximo lunes en el Congreso Local.
Carmen Sánchez impulsa Ley contra la violencia química: protección integral para sobrevivientes
La Presidenta del organismo, que lleva su nombre, fue víctima de una agresión con ácido en 2014, por parte de su ex pareja, por lo que, como sobreviviente, ha dedicado su vida a apoyar a mujeres, quienes, como ella, padecen las secuelas de este tipo de violencia extrema.
Desde 2018, las propias víctimas han impulsado un marco legal en torno a este tipo de ataques, un esfuerzo colectivo que ha logrado avances legislativos en diversas entidades federativas.
La activista señaló que en el 2020 el Estado de México se convirtió en uno de los primeros estados del país en reformar su código penal para tipificar los ataques con ácido, aunque solo se legisló como un agravante del delito de lesiones, lo cual impidió reconocer la gravedad del problema, el riesgo que representa para la vida y todos los efectos y secuelas posteriores.
Agregó que en el Estado de México aún no se reconoce la violencia química como un tipo específico de violencia contra las mujeres, a pesar de que existen razones de género detrás de su comisión.
Incluso, refirió que este año, algunas colaboradoras de la Fundación publicaron un artículo académico en donde estudiaron una muestra de 50 casos de ataques con ácido a México, de los cuales, el 86% correspondía a mujeres.
“La iniciativa que estamos próximas a presentar, propone la creación de un tipo penal autónomo de violencia química y amplía las circunstancias agravantes respecto a las víctimas, la posición del agresor y el tipo de daños ocasionados. Además, busca reformar el delito de feminicidio y penalizar la hipótesis de tentativa de feminicidio y homicidio calificado, en los casos donde se utilice ácido, sustancias químicas, líquidos a altas temperaturas, gases y agentes físicos”, explicó.
Concepto jurídico de violencia química
Dijo que, a diferencia de otras iniciativas que se han aprobado, esta propone utilizar el concepto jurídico de violencia química, al ser más amplio e inclusivo que el de violencia ácida; se amplían los bienes jurídicos protegidos, como la vida, la dignidad y el derecho a tener una vida libre de violencia; se amplían los medios comisivos del delito para evitar lagunas jurídicas; insta a que se persiga de oficio en lugar de querella en casos de violencia por razones de género; se amplía la protección a grupos vulnerables; se aumentan las multas y sanciones; y excluye cualquier tipo de beneficio judicial para las personas imputadas.
Además, la iniciativa busca garantizar una respuesta integral a las sobrevivientes que vaya más allá del ámbito penal/punitivo. Por lo cual, propone la creación de una ruta integral de atención a las sobrevivientes, registros públicos, protocolos de actuación médica estandarizados y protocolos de investigación policial, ministerial, pericial y judicial a nivel local.
A pesar de que el Estado de México no cuenta con una legislación de salud, la iniciativa también plantea que se reforme la ley de víctimas para garantizar la cobertura médica a las sobrevivientes y los insumos, medicamentos y materiales necesarios para su recuperación, incluidos aquellos procedimientos considerados “estéticos”, como las cirugías reconstructivas y los tratamientos dermatológicos.
Asimismo, se busca que las víctimas y sus familias tengan acceso a tratamiento psicológico especializadas, asistencia social integral y mecanismos para el empleo digno y la formación educativa y profesional.
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