La aprobación de una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México es un triunfo para el movimiento estudiantil de 2025, ya que varias de sus demandas fueron plasmadas en el documento, entre ellas la democratización del voto, gratuidad y ampliación de derechos, consideró el académico, Alberto Saladino García.
Ley de la UAEMéx incorpora demandas históricas de estudiantes, afirma Alberto Saladino
Asimismo, indicó que aun cuando algunos partidos políticos propusieron algunos puntos en particular, esta ley es producto de los universitarios y nadie puede decir que fue traicionado, ni que se haya trastocado la autonomía universitaria.
En este sentido el integrante de la Asamblea de Académicas y Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México recordó algunos antecedentes de cambios en la Ley de UAEMéx, el primero, data del movimiento estudiantil de 1976, que impulsó modificaciones relacionadas con la no reelección de autoridades, la paridad en el Consejo Universitario, la creación de consejos académicos y de gobierno por plantel y métodos de auscultación para la elección de rector y directores.
Posteriormente, en la reforma en 1992, las autoridades universitarias impulsaron cambios con la intensión de modernizar la ley, “pero solo sentaba las bases para la privatización de servicios de la universidad, excluyó la paridad del Consejo Universitario y reguló la existencia de candidaturas únicas para elegir Rector”.
Por ello, dijo esta nueva ley es un triunfo del movimiento estudiantil de 2025, aunado a la sensibilidad de los legisladores locales que escucharon la voz de los universitarios en diversos foros de análisis y tomaron en cuenta la consulta que se realizó en la UAEMéx.
Marca una nueva etapa para la comunidad universitaria
Entre las modificaciones que Saladino García destacó que en la anterior legislación contemplaba que en la elección de Rector y directores se hacía por el Consejo Universitario, ahora, en el futuro habrá elección universal.
En cuanto a la organización de los procesos, la ley anterior establecía que el Consejo Universitario controlaba las auscultaciones a través de una comisión electoral presidida por el rector; con la nueva normatividad, la organización de los comicios recaerá en un órgano electoral universitario autónomo.
Respecto a los costos educativos, la legislación previa propiciaba cuotas elevadas y una tendencia a la privatización, mientras que el nuevo documento establece la implementación de la gratuidad progresiva en la institución.
En materia de representación, se señala que la ley anterior excluía a más del 50 por ciento de la comunidad al no contemplar a representantes de centros universitarios, unidades académicas, escuelas e institutos en el Consejo Universitario, sectores que ahora serán integrados formalmente.
De igual manera la nueva ley incorpora una ampliación de los derechos de la comunidad universitaria y establece un sistema de ética y justicia universitaria para regular y proteger el desarrollo institucional, puntualizó.
El académico señaló que las propuestas presentadas por diversos partidos políticos en la Cámara de Diputados no vulneran la autonomía universitaria, pues la universidad, al ser un organismo descentralizado del Estado, está sujeta a las decisiones del Poder Legislativo y no constituye un órgano equiparable a dicho poder.
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Finalmente, explicó que la autonomía universitaria se circunscribe a tres ámbitos: gobernarse a sí misma, ejercer los principios de libertad de investigación y cátedra, y cumplir con las funciones encomendadas por la sociedad de formar profesionales, investigar y difundir la cultura.
Bajo este contexto, concluyó que ningún sector puede considerarse traicionado por el proceso legislativo, el cual podría tomarse como el inicio de una nueva etapa más sensible a las transformaciones sociales.
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SPM

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