Para la historia de México

El 1º. de diciembre de 2012 el C. Enrique Peña Nieto tomó protesta del cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; se encontró con un país convulsionado, que contaba con reformas estructurales pendientes, no solo con respecto de las dos administraciones anteriores, sino muy probablemente habrá que incluir también a la administración del ex presidente Zedillo.

En su momento el presidente Zedillo Ponce de León también intentó una reforma energética. Para ello nombro como Secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal al Maestro José Ignacio Pichardo Pagaza, como Director General adjunto en PEMEX al licenciado Humberto Lira Mora, ambos operadores del último triunfo priista del siglo XX.

La reforma energética no prosperó. Y en ese entonces ya era necesaria por una cuestión muy sencilla: Pemex había sido esquilmada hasta sus últimas consecuencias y en un ejercicio de prospectiva, de creación de escenarios, se vislumbraba que en futuro cercano, la misma no sería viable. En aquella legislatura, Heriberto Galindo Quiñones fue presidente de la Cámara de Diputados y participó en las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Energéticos y comunicación social de la Cámara de Diputados, en la misma LVI Legislatura; pero tampoco el binomio Jesús Reyes Heroles González Garza y Galindo Quiñones, lograron la reforma energética a la salida del Maestro Pichardo de la Secretaría de Energía.

¡Hasta que alguien si pudo!

Como estrategia para iniciar su administración, el presidente propuso cinco ejes que serán y son ejes de política pública: Un México incluyente, que cuente con educación de calidad, que se asuma y sienta prospero todo esto enmarcado dentro de la responsabilidad global, es decir, la lectura es la correcta.

Para analizar en este momento la administración del presidente Peña Nieto, su trabajo en términos de administración, sus políticas públicas, las reformas emprendidas y logradas, así como la disminución en este instante en sus niveles de aceptación, tendríamos que reconocer y señalar que:

En un primerísimo lugar y en términos de gestión pública, el presidente logra la primera magistratura sin la necesidad de legitimar su gobierno con acciones mediáticas dentro de los primeros días de su mandato, es decir, llega con una constancia de presidente Electo calificada por el Tribunal Electoral con una mayoría electoral apabullante.

Su primera acción de gobierno se dejó sentir el 1 de diciembre de 2012. Decretó la promulgación de la ley General de Víctimas y la creación del organismo rector y procurador de esta ley. Así se creó el Consejo Nacional para la Protección de Víctimas.

Le ley estaba en un periodo deliberativo y de controversia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su antecesor Felipe Calderón Hinojosa vetó la misma; quería que naciera perfecta.

Así nace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, derivada de la promulgación de esta Ley. Claro que impacta dentro de la administración pública federal. Una nueva institución ha nacido, desde luego que el aparato burocrático, administrativo. En este contexto –solo por señalar alguno– no queda al margen, ni permanece estático. Este cambio inició en 2012, en una etapa institucional embrionaria.

Sin embargo, no podríamos comentar las reformas estructurales implementadas en esta administración, ni de control de convencionalidad ni de constitucionalidad, sin referirnos a la nueva ley de amparo, ni al caso de Rosendo Radilla. Su impacto en el sistema jurídico mexicano y la transformación que este originó y el resultado del derecho pro-homine o pro-persona.

La renovación de los diseños institucionales son solamente parte de una política de cambio constitucional profundo.

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