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El México posrevolucionario ha vivido por diferentes etapas político-electorales, donde el fantasma del fraude electoral se hizo presente hasta 1990, que nace el Instituto Federal Electoral (IFE), y unos años después la credencial para votar con fotografía, que le brindó a la ciudadanía profunda confianza al órgano electoral, pero su evolución comienza en 1946 con el nacimiento de la Comisión Federal Electoral (CFE) y el control estatal. Esta se originó a partir de la Ley Federal Electoral de 1946 bajo el nombre inicial de Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Posteriormente, adoptó el nombre de CFE.
La CFE no era autónoma; estaba presidida y operada directamente por el Secretario de Gobernación (el Poder Ejecutivo). Además, participaban miembros del mismo gabinete, diputados y senadores.
La legitimidad de este modelo colapsó tras las controvertidas elecciones presidenciales de 1988 (marcadas por la famosa “caída del sistema”), lo que desató una fuerte demanda ciudadana de transparencia, certeza y equidad, elecciones en las que participaron Cuauhtémoc Cárdenas Solozarno ( Frente Cardenista) Manuel J Clouthier ( PAN) y Carlos Salinas de Gortari ( PRI), la crisis política y social fue tan grave, que el gobierno impulsó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), naciendo El 11 de octubre de 1990. En sus inicios, el secretario de Gobernación seguía presidiendo el Consejo, pero ya incluía la participación de magistrados y representantes de partidos.
El IFE implementó el Padrón Electoral y emitió la Credencial para Votar con Fotografía, consolidándose como el principal documento de identidad en el país. Para 1996 se desvinculó por completo al Poder Ejecutivo del IFE. La Secretaría de Gobernación abandonó la institución y el Consejo General pasó a integrarse exclusivamente por ciudadanos (consejeros electorales) elegidos por el Congreso, otorgándole total autonomía constitucional. Finalmente, en 2007 el IFE adquirió nuevas atribuciones para administrar de manera exclusiva los tiempos de radio y televisión con fines electorales y fiscalizar el dinero de los partidos políticos, después de la polémica victoria de Felipe Calderón Hinojosa (PAN) quien derrotó por escaso margen a Andrés Manuel López Obrador (PRD).
La reforma constitucional al artículo 41 constitucional, del 2014, el INE absorbió la facultad de atraer elecciones locales, capacitar a todos los funcionarios de casilla y designar a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Es decir, los consejeros electorales de los institutos estatales los designa el Consejo General de este.
Asimismo, el Consejo General se amplió de 9 a 11 consejeros electorales y se le otorgó al INE la facultad de auditar los ingresos y gastos de los partidos en tiempo real durante las campañas, fijando como causa de nulidad de una elección el rebase del tope de gastos de campaña por más de 5%, entre otros temas como la paridad de género y las candidaturas independientes.
La crisis institucional que vive el INE, debe ser vista por el abuso de confianza e irregularidades que cometió la expresidenta del Consejo General Guadalupe Taddei Zavala, y no de la dependencia que siempre ha sido garante de los procesos electorales que al final los hacemos todos los ciudadanos.
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