Pueblos originarios de Edomex acusan al INPI de simular consulta sobre Ley Indígena en Toluca

Integrantes de diversos pueblos originarios del Valle de Toluca denunciaron presuntas violaciones a sus derechos por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, durante la asamblea de consulta efectuada el pasado 26 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Normal Número 1 de Toluca, la cual buscaba legitimar la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Violación a los artículos 2 y 6 de la Constitución

En conferencia de prensa realizada la tarde de este martes en la Alameda de la capital mexiquense, pobladores y autoridades tradicionales de los pueblos Otomí, Matlatzinca-Nahua y Tlahuica del Estado de México, entre ellos Ricardo Mendieta, Claudia Rocha, Jovita Villafaña, Gina Villegas detallaron las irregularidades ocurridas durante dicho encuentro.

Al respecto, Ricardo Mendieta indicó que, durante la asamblea del 26 de septiembre, el INPI violentó el artículo 2 Constitucional e incumplió los principios en los que sustentó el proceso de consulta al imponer un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas sin la participación de los pueblos y comunidades originarias y sin comprobar la legitimidad de los y las integrantes de los convocados.

Asimismo, no se cumplió con el principio de máxima publicidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución, toda vez que la convocatoria no fue informada ni difundida ampliamente en el Estado de México a los diferentes pueblos originarios ni a sus comunidades, aseveró.

Denunciaron que el encuentro se utilizó como un mecanismo de simulación para hacer creer que los pueblos avalaban la propuesta de ley, cuando en realidad el protocolo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de junio solo tenía como objeto recibir opiniones y no la obtención de un consentimiento forzado.

Los inconformes también cuestionaron la legitimidad del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, al señalar que sus integrantes fueron invitados de forma directa por el propio INPI mediante un reglamento interno redactado unilateralmente, situación que calificaron como prácticas caciquiles.

Alerta por burocratización de la identidad y riesgo de despojo agrario

De igual manera indicaron que el 26 de septiembre, el Director de Área de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del INPI, Juan Carlos Morales López les negó la palabra a varios asistentes, ignoró los desacuerdos, incluso las relatorías de las mesas temáticas fueron reescritas a modo, para aparentar un respaldo unánime de los asistentes.

Finalmente, los pueblos Otomí, Matlatzinca-Nahua y Tlahuica advirtieron que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal burocratiza su identidad al someter su existencia como sujetos de derecho público a un dictamen del INPI. Señalaron que el proyecto legaliza el despojo territorial al subordinar el consentimiento libre, previo e informado a criterios de “interés público”, por lo que exigieron frenar un proceso que calificaron de ilegal e ilegítimo.

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