¿Qué Suprema Corte queremos?

El próximo primero de septiembre entrará en funciones una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Emanada del voto popular, la nueva Corte tendrá la difícil tarea de recobrar la confianza del pueblo, cohesionar al Poder Judicial en torno a nuevos valores institucionales y reafirmar su autoridad como poder del Estado, equilibrador del sistema político.

Para alcanzar este objetivo, la conformación de la Suprema Corte tiene una importancia crucial. Quienes integren la Suprema Corte deben tener, por un lado, convicciones firmes, que respondan a las exigencias de justicia del pueblo de México y por otro, una visión clara sobre el rol de la justicia constitucional en un estado social y democrático de derecho.

La justicia constitucional no es una fórmula matemática. Es una función delicada que requiere de constante calibración. El gran poder que recae en un tribunal constitucional –el de invalidar normas y actos de los otros poderes del Estado– conlleva una gran responsabilidad. Es una labor que exige un equilibrio cuidadoso entre factores como la legitimidad del órgano, el sentir social, la importancia de materializar las promesas de la Constitución y la necesidad de imponer límites efectivos al ejercicio del poder.

Un Tribunal Constitucional fuerte es aquél que cuenta con la confianza para tomar decisiones impopulares o contramayoritarias, sin que estas se perciban como un ejercicio parcial o sesgado de su autoridad. Forjar esta confianza exige transparencia, una sólida capacidad argumentativa y un compromiso demostrado con la justicia y la imparcialidad, además de determinación en momentos clave. Es una construcción que demanda  tiempo, una visión institucional clara y un compromiso profundo con el pueblo de México.

Mi experiencia y trayectoria me posicionan de manera única para contribuir a esta transformación. Ningún otro candidato o candidata a la Corte ha dedicado su vida a lo que yo he hecho: analizar los asuntos más trascendentes de la vida nacional y abordarlos desde una perspectiva que tome en cuenta las exigencias sociales del momento, así como las opciones interpretativas disponibles, con miras a preservar la legitimidad del Alto Tribunal.

A lo largo de casi tres décadas como secretaria de Estudio y Cuenta, coordinadora general de asesores de la presidencia, y ahora como magistrada federal, he adquirido un profundo entendimiento de los complejos retos de la justicia constitucional. Mi perfil aportaría una perspectiva única: la Corte no sólo debe ser más cercana y más comprometida con las causas sociales; también debe comprender su rol y emprender una reconstrucción con rumbo claro. Como ministra, llamaré siempre a mirar los puntos ciegos, a sopesar las alternativas y a preservar ese delicado balance del que depende nuestro Estado de derecho.

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TAR