La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió este lunes la protección federal a habitantes de la Quinta Zona de Ecatepec que desde 2021 denunciaron falta de agua, suministro irregular y problemas en la calidad del líquido, y ordenó al gobierno municipal garantizarles de manera inmediata 100 litros diarios por persona, además de emprender acciones para corregir las deficiencias de la red hidráulica.
Al resolver los amparos en revisión 13/2026 y 14/2026, promovidos originalmente por 688 y 118 habitantes, respectivamente, el Pleno modificó sentencias de juzgados de distrito que habían dejado fuera a cientos de quejosos porque no acreditaron documentalmente su residencia o su condición de usuarios formales del organismo municipal de agua.
Ordenan garantizar agua en Ecatepec
La Corte consideró desproporcionada esa exigencia para habitantes de zonas con condiciones de pobreza, marginación y asentamientos irregulares y estableció que no resulta indispensable contar con contrato de servicio, comprobante domiciliario o título de propiedad para reclamar judicialmente el derecho humano al agua.
En ambos asuntos se ordenó garantizar como medida inmediata 100 litros diarios de agua potable por persona, preferentemente mediante la red hidráulica y, cuando esto no sea posible, a través de pipas u otro mecanismo que asegure cantidad y calidad.
Las sentencias también obligan al municipio a avanzar en diagnósticos y programas para reparar fugas, rehabilitar infraestructura, vigilar la calidad del líquido y mejorar progresivamente la cobertura. En el amparo 14/2026 se estableció además la elaboración de un programa de agua potable y saneamiento con metas, obras, presupuesto, responsables e indicadores para el resto de la administración.
Falta de agua en Ecatepec se originó en la administración de Vilchis
Horas antes de la resolución, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, cuestionó los proyectos al señalar que varias de las acciones que pretende ordenar la Corte ya se encuentran en ejecución.
Afirmó que el problema que originó los amparos se generó durante la administración de Fernando Vilchis, cuando, dijo, se dejó de dar mantenimiento a pozos y redes y se privilegió la distribución mediante pipas.
“Soltaron y dejaron de atender el tema de los pozos, del mantenimiento y de todo, porque tomaron esa decisión justamente de hacerlo a través de las pipas”, señaló.
Cisneros sostuvo que su gobierno todavía enfrenta dos facturas de 40 millones de pesos cada una relacionadas con la renta de pipas de la gestión anterior y aseguró que, desde el primero de enero de 2025, el municipio dejó de rentar estas unidades y comenzó un programa de recuperación de pozos y redes.
La alcaldesa reprochó que, a su juicio, la Corte no valoró suficientemente las acciones emprendidas desde entonces. “Estamos generando, o si se aprueba, una sentencia en donde nos obligan a hacer cosas que nosotros ya hemos hecho”, expresó.
También consideró que el asunto ha sido politizado e incluso habló de una posición “electorera” alrededor de los proyectos, aunque aseguró que el municipio respetará y atenderá las resoluciones.
Ecatepec mantiene inversión en infraestructura hidráulica
Según Cisneros, actualmente existe una inversión superior a mil 700 millones de pesos en infraestructura hidráulica, se han rehabilitado más de 70 pozos y alrededor de 70% de la población ya recibe agua por la red, frente a una situación inversa al comenzar su administración.
Respecto de las denuncias por contaminación, rechazó que se trate de un problema generalizado y afirmó que existen casos aislados relacionados principalmente con tuberías de drenaje deterioradas.
Advirtió, además, que renovar integralmente las redes de agua y drenaje del municipio podría requerir unos 35 mil millones de pesos, mientras el presupuesto anual de Ecatepec ronda los siete mil millones, por lo que consideró que la resolución puede convertirse en un precedente complejo para municipios con menores capacidades financieras.
SCJN sí reconoce acciones emprendidas por Azucena Cisneros
Los proyectos de la Corte sí registran las acciones realizadas por la actual administración. En el amparo 13/2026 se reconoce que el Ayuntamiento y Sapase ejecutan medidas para mejorar la red y el suministro, pero se concluye que las pruebas aportadas no acreditan que la violación al derecho al agua haya cesado completamente.
El gobierno municipal informó este lunes que unas 641 mil personas mejoraron su acceso al agua mediante la red, que la inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno supera los mil 785 millones de pesos y que la producción pasó de tres mil 597 a cuatro mil 340 litros por segundo.
Con las resoluciones de la SCJN, esas acciones deberán ahora acreditarse como parte del cumplimiento de las sentencias y de la obligación constitucional de garantizar agua suficiente, salubre, accesible y asequible a los habitantes protegidos.
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MPH

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