Si hay delito en el INE, que la ASF denuncia: Sheinbaum

Por Mauricio Bautista

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, si la auditoría al Instituto Nacional Electoral (INE) detecta posibles responsabilidades penales, la Auditoría Superior de la Federación deberá proceder con las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Al referirse a las presuntas irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei, la mandataria señaló que primero debe realizarse una auditoría profunda y transparente, que abarque más de dos décadas de contrataciones de empresas proveedoras de material electoral. “Que la Auditoría Superior de la Federación haga las auditorías correspondientes desde entonces. Y ellos, que deslinden responsabilidades, que sea público; y si es necesaria una denuncia penal, que procedan las denuncias penales”, afirmó. Sheinbaum insistió en que la revisión no debe limitarse a los últimos dos años, sino esclarecer desde cuándo operan las empresas y quién impulsó su crecimiento dentro de los organismos electorales. Consideró que la transparencia permitirá deslindar responsabilidades y recuperar la certidumbre en el INE.

Rechazan que Texas pueda atribuirse islas del río Bravo

Sheinbaum rechazó que Texas pueda adjudicarse nueve islas e islotes del río Bravo, al señalar que la delimitación corresponde a una comisión bilateral entre México y Estados Unidos, no a decisiones unilaterales. Explicó que las islas pueden surgir por los movimientos del cauce y que su pertenencia debe determinarse mediante mediciones. “Primero, no decide el gobierno de Texas, todo eso se decide a través de una comisión, que es la CILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (…) surgen islas por el movimiento del agua, o sea, no es, es algo normal. ¿Qué tiene que hacerse? Medirse de qué lado están, si están del lado de Estados Unidos o están del lado de México”, afirmó. Añadió que, si las islas quedan en ambos lados, la jurisdicción será compartida. Consideró que el anuncio responde al contexto electoral y que el asunto debe resolverse en la comisión bilateral.

Reportan avances plan para mejorar atención en el IMSS

A siete días del inicio del programa de 12 acciones en 120 días para fortalecer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé Robledo Aburto, informó avances en aumentos salariales, basificación, contratación de personal, equipamiento y atención médica. Detalló que el incremento salarial de 8% ya fue cubierto a 565 mil trabajadores en activo y 370 mil jubilados y pensionados. También comenzó la basificación de 10 mil 939 empleados y se abrió la convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicos especialistas. En equipamiento, reportó 67 mastógrafos en operación, así como dos aceleradores lineales y equipos móviles en 39 hospitales. Además, inició la modernización de 63 elevadores y se destinaron 88 millones de pesos a material de curación. Robledo destacó que durante el fin de semana se realizaron 561 cirugías en 20 hospitales. Anunció consultas nocturnas y de fin de semana desde el 15 de noviembre, así como una agenda digital para diciembre.

Rechaza clasificación de terroristas a cárteles

Sheinbaum rechazó la decisión del gobierno de Argentina de clasificar como organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa y a la Nueva Familia Michoacana, al advertir que esa denominación podría utilizarse como pretexto para justificar injerencias extranjeras en México. A pregunta expresa sobre la medida, que sigue la línea de la política estadounidense contra grupos criminales, la mandataria sostuvo que su administración identifica a estas organizaciones como parte de la delincuencia organizada y las combate mediante las instituciones nacionales. “Bueno, ya lo hemos comentado. Nosotros llamamos aquí delincuencia organizada y la combatimos y trabajamos todos los días para la seguridad de la paz en nuestro país. Terrorismo es otra cosa y, además, no queremos, sobre todo, que, al llamarles de esta manera, eso represente una injerencia en nuestro país”, declaró. Sheinbaum recordó que su gobierno promovió una modificación al artículo 40 constitucional para impedir que otro país invoque esa clasificación como argumento de intervención.

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