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La síndica de San Felipe del Progreso, Patricia Eugenia González, exhibió al alcalde, Jaime Torres Marín, de cometer sistemáticamente en su contra violencia política en razón de género.
El hecho cobra relevancia, porque apenas hace una semana el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió unos recursos en favor de la política emanada del Verde Ecologista en la que acreditó que era víctima de violencia política por el edil y diversas direcciones del ayuntamiento.
Pero ahora, la síndica recurrió al Poder Legislativo y la Contraloría, para denunciar que Torres Marín sigue ejerciendo dicha conducta en su contra, por lo que exige una solución.
Síndica acusa violencia política
En un posicionamiento público, señaló al edil, al secretario del Ayuntamiento y a otros funcionarios de la administración municipal, como presuntos responsables de los hechos que denunció.
Precisó que las diligencias ya están en curso y adelantó que en los próximos días dará a conocer más información sobre el avance del caso.
“Nada más para comunicarles que vengo saliendo de la Cámara de Diputados donde he venido a comunicar la violencia política en razón que estoy sufriendo por parte del ciudadano Jaime Torres Marín y algunos de sus directores”, expresó.
Y añadió “he estado haciendo algunas diligencias de las cuales más adelante les estaré comentando”.
Responsabiliza a edil y funcionario si algo llegara a ocurrir
Además, acusó que, si llegara a ocurrir algo a ella o a su familia, responsabiliza al presidente municipal y a los funcionarios que señaló en su denuncia.
Apenas el 2 de julio, las cinco magistraturas del TEEM resolvieron que Patricia Eugenia fue víctima de violencia política, aunque no en razón de género, por parte de las autoridades del Ayuntamiento de San Felipe del Progreso, a partir de acreditar una serie de actos y omisiones.
Se advirtió que lo anterior obstaculizó de manera sistemática el ejercicio de sus funciones, por lo que decretó en favor de la política, medida de reparación integral para restituir sus derechos políticos-electorales.
Y es que a la síndica se le ha negado información necesaria para el desempeño de sus funciones, y enfrenta la disminución de personal, que ha afectado sus labores de vigilancia, control y fiscalización de los recursos municipales.
Es de recordar que a nivel estatal apenas existen 26 casos en el Registro de Personas Sancionadas por cometer violencia política en razón de género.
En lo que va del año y medio de los gobierno municipales, se han registro otros conflictos políticos por autoridades emanadas de Morena en El Oro, Capulhuac, Tecámac, y ahora San Felipe del Progreso, por mencionar algunos.
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