¿Traición a la patria?

Desde hace unas semanas hemos venido escuchando la frase “traición a la patria”, en alusión a la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, ha presentado ante un juez federal contra el exfiscal general de Justicia de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Adicionalmente, enfrenta cargos a nivel estatal por parte de la propia dependencia que encabezó, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Todo está relacionado con un operativo antidrogas realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, específicamente en el ejido El Pinal, municipio de Morelos, para desmantelar un narcolaboratorio. En este caso, según la FGR, se le acusa de coordinar y facilitar la participación de cuatro ciudadanos estadounidenses —identificados como presuntos agentes de la CIA— en acciones tácticas que, por ley, corresponden estrictamente a las fuerzas federales mexicanas, así como de la omisión deliberada de notificar formalmente al gobierno federal sobre la presencia y el despliegue operativo de los extranjeros, además de su posterior fallecimiento.

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 22 de la Constitución federal prohíbe la pena de muerte en general, con una excepción explícita que permite aplicarla únicamente al traidor a la patria en caso de guerra extranjera, así como a otros homicidas y parricidas en supuestos específicos.

Por su parte, la legislación secundaria en la materia, contenida en el Código Penal Federal, establece en el Libro Segundo, Título Primero (Delitos contra la seguridad de la Nación), Capítulo I (Traición a la Patria), los artículos 123 al 126.

Particularmente, a Jáuregui Moreno se le señala por el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que a la letra dice: “Al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”.

Lo que sí ha habido es mucho uso político de la expresión “traición a la patria”. Vienen a mi mente algunos de los denunciados, pero nunca juzgados, entre los que están el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, así como Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, por la reforma energética. También fue puesto en el banquillo de los acusados, en 2021, el exgobernador michoacano Silvano Aureoles. Finalmente, en 2022, fueron señalados 223 diputados federales de oposición por votar contra la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Jurídicamente, ninguna de estas denuncias prosperó.

Históricamente, sí hubo fusilamientos por traición a la patria: Agustín de Iturbide, en 1824, declarado traidor por el Congreso al regresar del exilio y fusilado en Padilla; y Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, en 1867, en el Cerro de las Campanas.

En el caso de Antonio López de Santa Anna, fue calificado cuatro veces como traidor, pero nunca juzgado penalmente bajo esa figura jurídica moderna, por lo que, como todos sabemos, murió de viejo.

Por eso, el caso de César Jáuregui es el primero que sí entra en una carpeta formal por el artículo 123 del Código Penal Federal en la historia reciente, lo que representa un parteaguas en la historia, la política y la administración de justicia. De ahí su relevancia.

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MPH