Transparencia para el pueblo, no para los de arriba

Nadie entra a la Plataforma Nacional de Transparencia por curiosidad jurídica; la gente busca respuestas concretas: cuánto costó una obra, quién se llevó un contrato o qué arrojó una auditoría. 

La transparencia solo tiene sentido si responde al pueblo, por eso, bajo la conducción de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y los contralores estatales, avanzamos en la construcción de un nuevo modelo nacional.

El primer gran avance es sacudirse el lastre de la simulación institucional del pasado, se acabaron los institutos locales autónomos que servían de escondite político y costaban millones; hoy, la reducción del aparato burocrático genera ahorros de hasta el 50 por ciento en el costo administrativo de varias entidades. 

Pero el ahorro solo es una buena noticia si viene acompañado de eficiencia, frente a las dudas legítimas sobre esta transición, la respuesta se da con resultados: la Plataforma sigue en  operación, los derechos ARCO están garantizados y ninguna persona verá interrumpido su derecho a preguntar y conocer. 

¿Cuál es el verdadero avance democrático? Que pusimos los dientes donde antes había omisión, ahora, las contrataciones públicas se actualizarán mensualmente y no cada tres meses, porque en materia de vigilancia cada día cuenta. 

Además las auditorías saldrán por fin de los archiveros para publicar el seguimiento real de sus observaciones, y se abrirán las entrañas financieras y contratos de las filiales de Pemex y CFE; lo público no pierde su naturaleza por adoptar figuras empresariales; si hay dinero del Estado, hay rendición de cuentas obligatoria.

Sin embargo, los pendientes son monumentales y no firmamos un cheque en blanco, el riesgo de ser “juez y parte” acecha los estados; el gran reto y pendiente de los órganos de control local es demostrar, con hechos, que no se convertirán en tapaderas de los gobernadores en turno, no se vale que las nuevas burocracias utilicen ventanillas burocráticas o criterios tramposos para declarar información como “reservada”.

Un gobierno verdaderamente abierto no espera a que le pregunten; comprende lo que su pueblo necesita saber y lo publica antes de que tenga que solicitarlo. 

Menos estructuras, menos gasto y más información de cara a la comunidad, esa es la verdadera batalla que tenemos por delante.

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