Vecinos de Fimesa en Tultitlán exigen indagar desvío de recursos

Habitantes de las colonias Alborada Fimesa 2 y 3 insisten en que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México (FECC) dé una respuesta sobre las investigaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos durante las administraciones de la ex presidenta municipal Elena García Martínez y la actual alcaldesa Ana Castro.

La Fiscalía Anticorrupción indaga un presunto desvío de hasta 43 millones de pesos mediante una asociación civil

Carolina Vázquez, representante de los colonos de las Fimesads, señaló que en la primera quincena de junio vecinos de las Fimesas planean trasladarse a Toluca para exigir avances en la judicialización de las carpetas abiertas.

Explicó que originalmente la movilización estaba prevista para abril, pero se pospuso por complicaciones logísticas, aunque en reuniones vecinales se ha mantenido el tema como prioridad.La carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 fue iniciada tras denuncias de vecinos de Fimesa 1, 2 y 3.

Entre los principales señalamientos se encuentran el presunto desvío de recursos públicos por alrededor de 38.5 millones de pesos —que podrían superar los 43 millones con pagos adicionales— a través de la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C.

El dinero habría sido destinado a la compra de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan, sin que existan escrituras públicas que respalden la operación.

También se investigan irregularidades en contratos por más de 72.7 millones de pesos, otorgados mediante adjudicaciones directas o licitaciones con un solo participante, lo que podría constituir simulación de procesos administrativos.

Simulación de contratos y acusaciones de nepotismo

Asimismo, se señalan casos de nepotismo, pues la investigación involucra a Elena García Martínez, exalcaldesa y actual diputada local, por presuntos actos de corrupción en su administración anterior y posibles vínculos con la gestión actual.

Otros señalamientos incluyen tráfico de influencias, adquisición irregular de predios y presuntos malos manejos en la administración municipal.

Los vecinos aseguran que no cesarán en su exigencia de justicia y transparencia, pues consideran que los recursos públicos deben destinarse a mejorar la infraestructura y servicios de sus comunidades, y no a operaciones opacas. La movilización hacia Toluca busca visibilizar el caso y presionar a la Fiscalía para que se emitan resoluciones concretas.

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