Habitantes de Tultitlán advirtieron que volverán a manifestarse el 30 de julio en la Fiscalía de Combate a la Corrupción y el 5 de agosto en la explanada del Gobierno del Estado de México, para exigir justicia y denunciar actos de corrupción en su municipio.
Denuncian corrupción en gobierno de Tultitlán
Uno de los principales reclamos es el hostigamiento contra comerciantes locales de Tultitlán. De acuerdo con testimonios, se han abierto dos carpetas de investigación por presunto cohecho contra vecinos de la colonia Santa Clara Chilpan, quienes fueron obligados a cerrar sus negocios en la avenida de las Torres.
Los afectados denunciaron que funcionarios de Tultitlán les exigieron más de 200 mil pesos para permitir la reapertura de sus locales. “Si no damos el dinero, no nos autorizan abrir”, acusaron.
La protesta más reciente reunió a más de 230 personas, distribuidas en cuatro autobuses, que se trasladaron al Palacio de Gobierno de Toluca y a la Fiscalía de Justicia del Estado de México.
Ahí reiteraron que la fiscalía se ha negado a generar audiencias en más de 96 carpetas de investigación, lo que ha frenado procesos legales contra funcionarios señalados por presuntos actos de corrupción.
Inconformidades de los habitantes de Tultitlán
Los vecinos aseguran que la molestia principal radica en el encubrimiento hacia la alcaldesa Elena García y servidores públicos, quienes habrían demolido viviendas de familias afectadas por irregularidades en trámites de escrituración.
En este contexto, también responsabilizaron al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) de incumplir acuerdos de escrituración, dejando a decenas de familias con trámites varados y sin certeza jurídica sobre sus hogares.
Otro punto de inconformidad es la intención del ayuntamiento de obligar a los ciudadanos a pagar servicios bajo el nombre de la 4T, pese a que existe un amparo en trámite.
Los vecinos consideran esta práctica como un abuso de autoridad y un intento de imponer cobros ilegales.
Durante la movilización, los inconformes exigieron la implementación de una “operación enjambre” contra la presidenta municipal Elena García, la funcionaria Ana Castro y varios directores de área, a quienes acusan de corrupción y del presunto desvío de recursos públicos.
“No podemos permitir que se sigan encubriendo actos tan graves mientras nuestras colonias carecen de servicios básicos y nuestras familias viven en la incertidumbre”, expresaron los manifestantes.
Finalmente, los vecinos advirtieron que continuarán con movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas y se garantice el acceso a la justicia.
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MPH

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