Violencia Vicaria enfrenta desafíos estructurales en Edomex: Seifert Braun

A pesar de los avances legislativos, la erradicación de la violencia vicaria enfrenta desafíos estructurales, pues existe una resistencia cultural arraigada dentro de las instituciones que se traduce en la negativa o indiferencia a incorporar el enfoque de género y de derechos de la niñez como principios rectores en la toma de decisiones, indicó la fundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Jennifer Michelle Seifert Braun.

Lo anterior lo plantea en el artículo titulado ‘Violencia Institucional y Violencia Vicaria: La Responsabilidad del Estado en la Negación de Derechos de Mujeres e Infancias’, el cual forma parte del Informe de Género “Nosotras en México” 2026, un compilado de colaboraciones hecho por la organización “Nosotras para Ellas”.

Desafíos en la erradicación de la Violencia Vicaria en Edomex

En el texto, Seifert Braun señala que existe un déficit de capacitación de jueces, personal del DIF y ministerios públicos en materia de violencia vicaria, ya que un gran porcentaje de servidores públicos operan sin conocimientos sólidos y sin herramientas para detectar dinámicas de riesgo emocional o psicológico en la infancia.

“Ellos muchas veces son esta primera ventana a esta violencia y debería ser en ese momento que se proteja las infancias y prevenir que escale”.

La activista menciona que la ausencia de estadísticas oficiales impide dimensionar con precisión el alcance del fenómeno y dificulta el diseño de políticas públicas eficaces, lo que genera que las madres enfrenten un desgaste emocional y económico profundo, al enfrentarse a procesos judiciales largos, solitarios y altamente revictimizantes, en los que muchas veces deben defender no solo a sus hijas e hijos, sino su propia credibilidad ante un sistema que las desconfía por defecto.

Es importante avanzar hacia una armonización legislativa

Ante este panorama, la fundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria explica que, para enfrentar de manera efectiva la violencia vicaria, es indispensable avanzar hacia una armonización legislativa clara, coherente y técnicamente precisa.

“Hacer las precisiones en las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es urgente y, aunque la mayoría de los códigos penales estatales ya la contemplan, persisten lagunas normativas y diferencias en la tipificación que limitan su aplicación uniforme en el país”.

La autora subraya la urgencia de establecer protocolos judiciales obligatorios con perspectiva de género y enfoque de derechos de la infancia, acciones que se deben respaldar con capacitación integral para todos los operadores del sistema judicial, con un enfoque centrado en la protección de derechos humanos y la aplicación de la justicia con enfoque diferenciado y el reconocimiento de las desigualdades estructurales que enfrentan mujeres e infancias en contextos de violencia.

Necesarios los centros especializados de atención a víctimas de Violencia Vicaria

Asimismo, considera fundamental la creación de centros especializados de atención integral a víctimas de violencia vicaria, niñas, niños, adolescentes y madres, que provean apoyo legal, psicológico y económico, que operen con presupuestos etiquetados.

“Es crucial que los testimonios y las evidencias psicoemocionales sean considerados como pruebas fundamentales en la valoración de medidas cautelares y sentencias, reconociendo el daño emocional de una forma de violencia real y grave”, acentúa Jennifer Michelle Seifert Braun.

Violencia vicaria, de las más crueles contra mujeres

En el artículo, la activista insiste en que la violencia vicaria es uno de los tipos más perversos de violencia de género hacia las mujeres, porque hiere a través de la infancia y el vínculo materno.

“Cuando el Estado mexicano actúa como observador, omite intervenir o aplica criterios sesgados, deja de ser garante de derechos para convertirse en reproductor de violencia” afirma.

Finalmente, Seifert Braun recalca que su análisis sobre la violencia vicaria no solo es una denuncia, sino un llamado urgente a la transformación institucional, pues la infancia mexicana no puede esperar; es responsabilidad del Estado transformar sus instituciones para que la justicia sea efectiva, protectora y libre de sesgos.

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MPH