El activista José Antonio Díaz Sánchez consideró que a las autoridades le hace falta sensibilidad para atender las demandas ciudadanas, lo cual, afirmó, quedó demostrado con las madres buscadoras, a quienes se atendió después de 36 horas.
En entrevista, el especialista en temas de derechos de los pueblos originarios lamentó que las autoridades hayan mostrado indiferencia ante la manifestación de las madres buscadoras, la cual se mantuvo desde la tarde del martes hasta el mediodía del miércoles de esta semana.
Madres buscadoras responde a una demanda legítima
Díaz Sánchez dijo que la protesta de las madres buscadoras responde a una demanda legítima, el de exigir que se investigue el paradero de sus familiares, sin embargo, advirtió que al sentirse ignoradas y enfrentar la cerrazón institucional, las manifestantes se vieron orilladas a cerrar calles y afectar la movilidad del Valle de Toluca, última opción que les dejaron las autoridades, subrayó.
“No se trata de reprimir, sino de dialogar, el problema no es de las madres, es del Estado por su falta de atención” aseveró.
De igual manera criticó que se le apueste al desgaste y a la criminalización de los movimientos sociales, al hacer creer a la ciudadanía que las culpables de las afectaciones viales son las madres buscadoras, lo que provocó el enfrentamiento entre automovilistas y manifestantes.
Exige mesas de diálogo oportunas
Para Sánchez Díaz, esta situación refleja la falta de voluntad de las autoridades por atender las demandas de la ciudadanía, por ello cuestionó el trabajo del Fiscal General de Justicia del Estado de México, incluso dijo que se debe valorar la permanencia en el cargo de José Luis Cervantes Martínez.
“Nos enfrentamos a una política de Estado que debe entender la realidad o estamos ante un gobierno insensible o ante un Estado fallido”, sentenció el activista de origen otomí, y exigió mesas de diálogo oportunas para evitar que los conflictos escalen por la inacción oficial.
De igual manera, reprochó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) se haya pronunciado 24 horas después de que se registraron los primeros conatos de violencia contra las madres buscadoras.
Finalmente, Díaz Sánchez reconoció que el derecho humano a la movilidad de terceros se vio afectado, pero enfatizó que la vulneración más grave e imperdonable la comete el Estado al ignorar las demandas de las familias que buscan a sus desaparecidos.
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