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La activista y abogada Reyna Onofre acusó a funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de condicionar a la madre de un joven, víctima de desaparición, para que ingresara sola a una audiencia, que se llevó a cabo en los Juzgados adjuntos al Penal Neza Bordo, en la que estarían presentes servidores públicos detenidos por su presunta participación en el hecho.
Detención en el Mexibús y desaparición en Chimalhuacán
Se trata del caso de Daniel Regente Buendía, un joven de 34 años de edad, quien desapareció en el municipio de Chimalhuacán el pasado 3 de enero, luego de ser detenido por policías municipales en la estación Los Patos de la línea 3 de Mexibús, por alteración del orden.
Posteriormente familiares del Daniel acudieron al Juzgado Cívico de Fundidores donde, de acuerdo con le juez conciliador, fue liberado ese mismo día, desde entonces no se ha sabido sobre su paradero.
Su madre, Cándida Sabina Buendía Albino, ha llevado a cabo una búsqueda con apoyo y acompañamiento de colectivos y activistas, y ha exigido a las autoridades que se agilicen las investigaciones para dar con el paradero de Daniel.
La activista defensora de los derechos humanos Reyna Onofre señaló que en días pasados la Policía de Investigación detuvo a cinco servidores públicos relacionados con la investigación, tras lo cual el juez del caso citó a audiencia a las partes involucradas.
Una vez afuera de los juzgados las activistas se percataron de que dos servidores públicos con gafete de la Fiscalía le dijeron a la señora Cándida Sabina que era mejor que entrara sola y le ordenaron que pidiera a sus acompañantes que se retiraran.
“Estaba a punto de llorar y sólo nos dijo que por favor nos retiráramos, que si tenía que pedírnoslo de rodillas se arrodillaba pero que por favor no entráramos a la audiencia (…) pero esos funcionarios de la fiscalía la estuvieron presionando y amedrentando: o continuaba con los abogados que ellos le pusieron o que nos nombrara a nosotras”, relató.
La activista, aseveró que la fiscalía no le puede privar a la adulta mayor del acompañamiento ni la asesoría legal que le brindan los colectivos sin cobrarle y en un acto de solidaridad y empatía.
Coacción oficial y aislamiento a madre buscadora
Por ello cuestionó la actitud de los servidores públicos de la fiscalía y de los abogados que se le asignaron a la adulta mayor, y quienes según su propio dicho, habían sido contratados por la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
“Ella no debía estar sola porque esa sala, ese juzgado, estaba lleno de familiares de los detenidos y ella estaba sola y vulnerable (…) fiscalía no tiene porqué presionar a la mamá buscadora”, advirtió.
Ante ello, anticipó que volverá a buscar y contactar a la madre buscadora, quien en lugar de tener claridad sobre la investigación del caso de su hijo desaparecido, es presionada y condicionada por servidores públicos.
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