Apoderada legal de Ruffo Appel es detenida en CDMX

La investigación federal contra una red dedicada al contrabando de combustible derivó en la captura de Guadalupe “N”, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la cual es accionista mayoritario el exgobernador de Baja California, Enrique Ruffo Appel, y señalada dentro de las indagatorias por su posible relación con operaciones irregulares de hidrocarburos.

Guadalupe “N” es detenida en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El mandamiento judicial fue solicitado y obtenido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como resultado de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad federal.

Hernández Hinojosa es investigada por su probable responsabilidad en los delitos de contrabando y delincuencia organizada. Tras su captura, fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la investigación, Guadalupe Hernández habría participado en operaciones de comercio exterior en las que presuntamente se reportaban cantidades de hidrocarburos considerablemente menores a los volúmenes realmente transportados.

Las indagatorias también ubican a la mujer en distintos actos jurídicos y comerciales relacionados con las actividades de Ingemar S.A. de C.V., entre ellos, la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos.

Advierten sobre subregistro de indígenas en el país

La organización Voces del Territorio advirtió sobre un subregistro de personas indígenas desaparecidas en el país. De acuerdo con la organización, en 26 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora, la Comisión Nacional de Búsqueda solamente tiene 21 registros de desaparición de indígenas, frente a las 152 personas encuestadas que reportaron conocer al menos un caso de desaparición en su comunidad.

En un comunicado se explicó que “este ejercicio se realizó en alianza con organizaciones internacionales, autoridades locales, organizaciones y activistas con el objetivo de mostrar que los datos oficiales no están reflejando la realidad”.

Sobre los autores de las desapariciones, los testimonios señalaron al crimen organizado, autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, ya sea por participación directa, colaboración o aquiescencia.

En cuanto a las denuncias y búsqueda, los resultados muestran que en 46.7% de los casos, las personas desaparecidas son jóvenes, entre 18 y 30 años.

Además, se alertó que 47.7% de las personas entrevistadas dijo que la familia estaba buscando sola y sin ningún apoyo de las autoridades.

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