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El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli calificó como inaceptable la suspensión del suministro de energía eléctrica en instalaciones estratégicas para la prestación del servicio de agua potable, realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sin notificación previa.
Infraestructura afectada y restablecimiento del servicio
El gobierno municipal a través de una nota informativa, destacó que cualquier medida de este tipo debe observar el marco constitucional que protege el derecho humano al agua, consagrado en el artículo 4° de la Constitución, garantizando en todo momento la continuidad de un servicio indispensable para la población.
Destacó que la suspensión afectó directamente al cárcamo y rebombeo de la Ex Hacienda San Miguel, infraestructura esencial para el suministro de agua potable y el desalojo de aguas residuales y pluviales.
Sin embargo, tras la diligencia realizada, el servicio eléctrico fue restablecido, asegurando la operación normal del sistema hidráulico.
El Gobierno Municipal informó que la actual administración mantiene al corriente sus obligaciones de pago ante la CFE. No obstante, persiste un adeudo histórico de Operagua, generado en administraciones anteriores, lo que ha derivado en acciones que ponen en riesgo la continuidad de un servicio vital para las y los habitantes.
Aclaración sobre adeudos y situación con la Guardia Nacional
Respecto a versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta participación de la Guardia Nacional durante la diligencia, las autoridades municipales aclararon que, conforme a información proporcionada por mandos regionales de dicha institución, no existió intervención de personal de esa corporación.
El gobierno local reiteró su compromiso de garantizar la prestación continua de los servicios públicos y llamó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, evitando difundir información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.
Con este pronunciamiento, el Gobierno de Cuautitlán Izcalli subraya la importancia de proteger el derecho humano al agua y de privilegiar la seguridad y bienestar de la población frente a decisiones que afectan directamente la vida cotidiana de miles de familias.
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