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El Congreso del Estado de México aprobó este jueves la desaparición del Infoem y la creación de Transparencia Mexiquense, organismo que asumirá parte de sus atribuciones dentro de la estructura de la Secretaría de la Contraloría estatal, mediante un proceso de transición que podrá extenderse hasta 180 días.
Desaparece el Infoem en el Estado de México: Plazos de liquidación y nuevo órgano
El dictamen fue aprobado con 56 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 19 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, durante el Octavo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Legislatura mexiquense.
La reforma expide nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, además de modificar diversos ordenamientos estatales. El nuevo esquema sustituye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), hasta ahora organismo constitucional autónomo.
El coordinador de los diputados de Morena, Francisco Vázquez Rodríguez, explicó antes de la sesión que la desaparición no será inmediata en términos administrativos. De acuerdo con los plazos, detalló que en aproximadamente 20 días deberán transferirse a la Contraloría los recursos financieros y materiales del Infoem.
Posteriormente, la dependencia estatal contará con un periodo de hasta 120 días para determinar los costos, definir la nueva estructura administrativa y elaborar la proyección correspondiente a la liquidación de los trabajadores. En ese lapso también se realizará el traslado de las funciones que hasta ahora ejerce el instituto.
Vázquez Rodríguez precisó que el proceso completo de extinción podrá prolongarse hasta 180 días. Ese es, dijo, el plazo máximo para concluir los finiquitos y cerrar administrativamente el organismo, aunque podría terminar antes si los procedimientos se resuelven en 30 o 40 días.
“Las tareas siguen trabajando, se sigue haciendo la transparencia”, señaló al explicar que la desaparición administrativa del Infoem no implicará la suspensión de las funciones de acceso a la información y protección de datos mientras se completa el traslado al nuevo modelo.
Plazos de la transición, personal y comisionados
Respecto de los trabajadores, indicó que no podrán ser transferidos automáticamente a otra dependencia debido a la extinción jurídica del instituto. Primero deberán ser liquidados y, quienes eventualmente se incorporen a la nueva estructura, tendrían que ser objeto de una nueva contratación. La Secretaría de Finanzas participaría, en caso necesario, en la definición de los recursos para cubrir los finiquitos.
Sobre los tres comisionados que permanecen en funciones, después de que otros dos concluyeron sus periodos, el legislador señaló que su situación deberá resolverse durante el proceso de liquidación y en coordinación con Finanzas.
Transparencia Mexiquense quedará incorporada a la Secretaría de la Contraloría como órgano administrativo desconcentrado y tendrá a su cargo las funciones de garantía en materia de transparencia correspondientes al Poder Ejecutivo y municipios.
Precisamente esa dependencia respecto del Ejecutivo concentró las críticas de la oposición. Omar Ortega, del PRD, sostuvo que la reforma convierte al vigilante en parte de la estructura del poder que debe supervisar, mientras Rocío Alexia Dávila, del PAN, cuestionó que la designación de la persona titular del nuevo organismo no contemple concurso público, convocatoria abierta ni ratificación legislativa.
Eduardo Zarzoza, del PRI, afirmó que el nuevo modelo sustituye una revisión externa e independiente por un esquema en el cual cada poder tendrá instancias internas para conocer las controversias relacionadas con transparencia. Ruth Salinas, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que las contralorías carecen de independencia presupuestaria suficiente para ejercer esa vigilancia.
El dictamen aprobado formó parte de los asuntos centrales del periodo extraordinario, en el que también fueron avaladas reformas al Código Administrativo en materia de mérito civil y la desincorporación de un inmueble del Instituto de Salud del Estado de México, ubicado en Naucalpan, para su donación al IMSS-Bienestar.
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