Durante siete años, Miguel Ángel Sánchez García esperó que se cumpliera una resolución laboral. Después de 21 años como profesor definitivo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), fue despedido y acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Sólo para notificar la demanda transcurrieron seis meses y tuvo que promover un amparo.
Con 303 expedientes en instrucción, las juntas mexiquenses prevén concluir sus operaciones en 2028, mientras 19 entidades aún necesitan acelerar la resolución de asuntos
El juicio siguió entre audiencias, impugnaciones y diligencias aplazadas. Sánchez García obtuvo un laudo favorable, pero cobrarlo fue otra batalla. Sin empleo, pidió préstamos y buscó ocupaciones ajenas a su profesión. “Fue tortuoso totalmente, muy cansado, muy desgastante en todos los aspectos, pero principalmente en el económico”, recuerda.
La reforma laboral de 2019 ordenó sustituir las juntas de conciliación y arbitraje por tribunales laborales y centros de conciliación. Sin embargo, los antiguos organismos deben terminar los juicios que recibieron antes de la transición, por lo que su desaparición aún está pendiente.
En ese proceso, el Estado de México registra uno de los avances más importantes del país. Un diagnóstico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), fechado el 16 de octubre de 2026, señala que al cierre del primer semestre permanecían 281 mil 232 asuntos en etapa de instrucción en las juntas del país, equivalentes a 52% de los 542 mil 897 reportados por etapa procesal.
Jalisco encabeza la lista con 56 mil 962 expedientes; le siguen la Ciudad de México, con 44 mil 142; Guerrero, con 22 mil 524; Quintana Roo, con 16 mil 416, y Chihuahua, con 16 mil 159.
Las juntas mexiquenses, en cambio, reportaron 303 expedientes en esa fase, equivalentes a 4% de su inventario, la menor proporción del país. El documento calcula que, históricamente, el estado reduce 740 asuntos de instrucción por semestre, mientras que requeriría abatir 61 semestrales para agotar ese inventario hacia 2028, bajo un escenario sin nuevos ingresos.
La cuenta pendiente de los laudos
Abraham Hernández Enríquez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, señala que al inicio de la actual administración había más de 13 mil 700 juicios en trámite en esa región. Hoy quedan, según su corte, mil 430, una reducción que cifra en 88.5%.
En el Valle de México subsisten aproximadamente seis mil 500 expedientes. Hernández Enríquez estima que casi 98% de los casos abiertos en Toluca está en ejecución. La meta estatal es cerrar definitivamente las juntas a más tardar en 2028, aunque el funcionario advierte que el resultado no depende sólo de la administración local. También intervienen los tribunales federales que conocen los amparos, los abogados de ambas partes y las empresas obligadas a cumplir los laudos.
Entre los principales obstáculos están las empresas que desaparecieron y los trabajadores que cambiaron de domicilio o fallecieron durante el proceso. “Yo le llamo cuello de botella”, explica el funcionario.
El presidente de la junta atribuye parte del avance a cambios internos para terminar con prácticas dilatorias. Antes, afirma, algunos laudos podían tardar dos o tres años y una audiencia se fijaba hasta seis meses después. Hoy, asegura, las sentencias se emiten en un máximo de 15 días y los autos de radicación, en tres días.
“La corrupción no solamente es recibir dinero, sino es dejar de hacer”, sostiene. Reconoce que hubo trabajadores de la propia junta que retrasaban trámites, omitían diligencias o dificultaban la ejecución de resoluciones.
Rosalva González Martínez, abogada litigante que representa principalmente a trabajadores, conoce esos obstáculos. Uno de sus clientes, despedido injustificadamente en 2014, tenía cerca de 67 años cuando inició un juicio que se extendió casi una década. Durante largo tiempo faltó un informe bancario para cerrar la instrucción, pero los oficios no se enviaban oportunamente o no se lograba obtener respuesta.
También recuerda casos en los que, pese a existir un laudo favorable por 300 mil pesos, se presionaba a la parte trabajadora para aceptar 50 mil y concluir el litigio. A su juicio, el contacto directo con los abogados y las nuevas conciliaciones han reducido esas dificultades.
Sánchez García relata una experiencia semejante. Su demanda contra la UAEMex comenzó en 2017; entre 2023 y 2024 logró una resolución favorable, tras promover, según recuerda, cinco o seis amparos durante el procedimiento. Denuncia que anteriormente incluso consultar un expediente podía convertirse en una carrera de obstáculos y que algunos servidores públicos pedían dinero para facilitar trámites.
Después de que la junta revisó expedientes paralizados y abrió una negociación con la universidad, consiguió el cumplimiento de su laudo mediante un convenio.
“Cuando lo recibí, empecé a pagar lo que debía”, cuenta. La indemnización no le devolvió los años perdidos.
Acuerdos y reubicación de personal
Hernández Enríquez explica que una de las estrategias fue dialogar con jueces y magistrados federales ante más de mil 400 asuntos en amparo. Después de esos acercamientos, afirma, se resolvieron más de 600 amparos directos e indirectos en seis meses.
Los convenios con instituciones públicas arrojaron otros resultados. Según el funcionario, en menos de un año se resolvió 94% de los asuntos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (Cecytem). En la UAEMex, de más de 90 juicios pendientes quedarían menos de seis; en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), únicamente permanecen tres o cuatro de las más de 40 existentes.
Otra decisión fue reducir las estructuras sin despedir al personal. En diciembre de 2025, las cinco juntas especiales del Valle de Toluca pasaron a tres y fueron reubicados 20 trabajadores en otras áreas o instituciones del sistema laboral, con conservación de salario y derechos, de acuerdo con el presidente. “No hubo renuncias, no hubo despidos”, afirma.
El esquema de reubicación ofrece una posible explicación de por qué en territorio mexiquense la reorganización no generó la misma incertidumbre laboral que podría producirse en otros lugares. Sin embargo, atribuir el rezago nacional a empleados que frenan expedientes para conservar su trabajo sería una conclusión que las cifras por sí solas no demuestran y que requeriría testimonios y pruebas adicionales.
El diagnóstico federal advierte que 19 entidades necesitan acelerar la reducción de los asuntos en instrucción para alcanzar el horizonte de 2028 y que 11 registran un ritmo histórico suficiente. A escala nacional, haría falta abatir aproximadamente 56 mil 246 expedientes cada semestre durante los cinco semestres considerados en el documento.
Para Hernández Enríquez, el modelo mexiquense puede servir de referencia en la coordinación con la STPS, aunque los resultados deberán medirse por la terminación real de cada controversia. “Atrás de un expediente laboral hay un trabajador y atrás de un trabajador hay una familia”, subraya.
El cierre de las juntas, por tanto, no se consumará con retirar letreros o reducir oficinas. La prueba definitiva será que quienes ganaron un juicio reciban lo que la ley les reconoce. Sánchez García ya cobró, pero todavía recuerda la angustia de pensar que moriría antes de ver cumplido su laudo.
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