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En el barrio, cuando tres puestos se ponen de acuerdo para vender al mismo precio y repartirse la clientela, pronto corre la voz. En las contrataciones públicas, el arreglo puede vestirse de traje: distintas razones sociales, sobres separados, representantes legales y propuestas que aparentan competir; todo muy formal, hasta que alguien pregunta quién está detrás de cada membrete.
Ese es el fondo del galimatías que hoy rodea a proveedores del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLE: determinar si hubo competencia verdadera o una representación con ganador acordado.
Justo antes de iniciar las contrataciones para los insumos electorales de 2027, los cacharon en la maroma y empezaron las filtraciones de la danza de miles de millones de pesos que estaban destinados a los casi dueños de los procesos electorales.
El pasado 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó antecedentes del grupo empresarial vinculado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas y señaló un presunto esquema de simulación de competencia en contrataciones electorales. Son señalamientos sujetos a investigación y determinación de responsabilidades. Su gravedad exige revisar expedientes completos.
El asunto rebasa una oficina y una entidad, en Coahuila, como en muchos estados del país, revisiones periodísticas documentaron contratos con Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG y Cajas Graf durante distintos procesos electorales.
Las publicaciones presentan diferencias de periodos y tratamiento de montos, por lo que sus cifras deben cotejarse antes de construir un total, la coincidencia de proveedores amerita comparar procedimientos; por sí sola no demuestra una contratación ilegal.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿las empresas disputaron el contrato con independencia o llevaron varias propuestas para cuidar un mismo negocio?
La ley tiene nombre para los acuerdos indebidos entre particulares en contrataciones públicas: colusión. El artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla las acciones concertadas para obtener ventajas indebidas en compras federales, estatales o municipales. Acreditarlas requiere pruebas del acuerdo y de la conducta de cada participante. Compartir apellidos o representantes es una pista que debe investigarse, nunca una sentencia automática.
Imaginemos el mecanismo: dos participantes presentan ofertas elevadas para que la tercera parezca conveniente; alguno se retira oportunamente; otro entrega una propuesta destinada a ser desechada. Si todo fue acordado, la licitación conserva su escenografía, pero pierde su propósito: conseguir las mejores condiciones para el dinero público.
Y aquí aparece la otra mitad del problema: quienes compraron.
La investigación debe seguir el recorrido completo del contrato: quién elaboró las bases, investigó el mercado, evaluó propuestas, autorizó pagos y comprobó entregas. Cada firma corresponde a una función que debe examinarse. Tampoco procede repartir culpas por organigrama: hay que identificar qué hizo cada servidor público, qué debía hacer y qué elementos tuvo a su alcance.
Según los hechos acreditados, podrían investigarse incumplimientos de funciones y, cuando concurran sus elementos legales, faltas graves como cohecho, abuso de funciones o actuación bajo conflicto de interés. La clasificación exige pruebas; la indignación no sustituye un expediente.
Porque en una licitación pueden cambiar los membretes y repetirse la mano.
Y si el ganador estaba escogido antes de abrir los sobres, lo que se puso a concurso fue la manera de engañar al pueblo.
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