La contraloría del pueblo

Durante mucho tiempo se pensó que vigilar el dinero público era una tarea de oficinas, expedientes y auditorías realizadas cuando las obras ya estaban terminadas.

Hoy esa visión resulta insuficiente, la fiscalización moderna debe acompañar la obra desde que comienza y, sobre todo, incorporar a quienes mejor conocen lo que ocurre en cada comunidad: las propias personas beneficiarias.

Ninguna estructura gubernamental, por grande que sea, puede tener presencia permanente en cada calle, escuela, carretera, hospital o sistema de agua del país. Pero sí hay alguien que siempre está ahí: la ciudadanía.

La vecina que observa cómo avanza una pavimentación; el padre de familia que espera la rehabilitación de una escuela; el comerciante que sabe cuándo llegaron los materiales.

Cuando esas personas reciben información, conocen el contrato y participan en un comité de contraloría social, la fiscalización deja de ser un trámite burocrático y se convierte en vigilancia comunitaria.

Nadie cuida mejor una obra que quien va a utilizarla todos los días.

Una obra puede verse bien y estar mal construida, un concreto puede parecer sólido y no tener la resistencia requerida; una carpeta asfáltica puede lucir correctamente y deteriorarse meses después. El acero, los agregados, el agua o el suelo deben cumplir especificaciones técnicas que no pueden verificarse solamente a simple vista.

Por eso distintas entidades del país avanzan en fortalecer laboratorios de control de calidad de obra pública, capaces de analizar materiales mediante pruebas especializadas y respaldar científicamente el trabajo de ingenieros, arquitectos y supervisores.

Ahí se forma una combinación particularmente poderosa: la ciudadanía observa, los especialistas inspeccionan y el laboratorio comprueba.

Esa debe ser una de las rutas de la fiscalización pública moderna.

De poco sirve descubrir años después que una carretera tenía menor espesor, que un drenaje fue construido incorrectamente o que los materiales utilizados no correspondían al contrato.

Para entonces el recurso ya fue ejercido y el daño lo termina pagando la población, por eso fiscalizar en tiempo real resulta más útil que limitarse a revisar después.

Ingenieros y arquitectos que verifican físicamente las obras, contadores que revisan el ejercicio de los recursos, abogados que garantizan el cumplimiento de contratos y procedimientos; laboratorios que comprueban la calidad de los materiales y  ciudadanos vigilantes directamente de aquello que se construye con su dinero.

No se trata de sustituir las auditorías posteriores, las sanciones o las investigaciones. Todas son indispensables.

Se trata de agregar algo todavía más valioso: evitar que el problema ocurra, porque el ciudadano no quiere que dentro de cinco años le expliquemos quién fue responsable de que su calle quedara mal; quiere que su calle quede bien desde el principio, ese debería ser también el objetivo más importante de cualquier sistema de control.

Al final, el dinero público tiene dueño, pertenece a la gente, proviene de sus impuestos y debe regresar convertido en escuelas, hospitales, carreteras, agua potable, seguridad y mejores servicios.

Por eso permitir que la ciudadanía vigile su utilización no debilita al gobierno, lo fortalece, una contraloría moderna no debe vivir únicamente entre expedientes. Debe estar en las obras, en los laboratorios y, sobre todo, en las comunidades.

Cuando sociedad, técnica y ciencia vigilan juntas, la fiscalización deja de ser solamente una función administrativa. Se convierte en algo mucho más sencillo y poderoso: el derecho del pueblo a cuidar lo que es de todos.

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