/https://wp.lajornada.prod.andes.news/wp-content/uploads/2025/06/WhatsApp-Image-2025-06-12-at-7.36.20-PM.jpeg)
Mientras el Congreso de Hidalgo decidió romper el bucle de la parálisis administrativa al despojar a los Cabildos del poder de veto sobre las contrataciones públicas, en la Cámara de Diputados del Estado de México prefieren seguir de brazos caídos.
La reciente sacudida legislativa del estado vecino deja en total evidencia la cobardía y la abulia de nuestros representantes en Toluca, quienes insisten en mantener congelado un marco jurídico prehistórico que disfraza de “democracia” lo que en realidad es un nido de extorsión legalizada.
La ley mexiquense condena a los alcaldes a mendigar el aval de síndicos y regidores para firmar cualquier contrato elemental.
En la teoría de los diputados locales, este candado es un heroico contrapeso; en la práctica de nuestros 125 municipios, es la patente de corso para que las tribus edilicias cobren el peaje de su firma.
Un bacheo urgente, la compra de patrullas o la recolección de basura no se aprueban por viabilidad técnica; se autorizan cuando el alcalde cede a entregar direcciones clave, plazas para recomendados incompetentes o bonos extraordinarios.
Lo criminal es que la Legislatura mexiquense sabe perfectamente que esto ocurre y ha decidido ser cómplice por omisión.
El costo de la inacción en Toluca lo paga el asfalto. Cuando un Cabildo se sumerge en el berrinche y bloquea el presupuesto, los municipios pierden millones de pesos federales porque las actas no llegan a tiempo, los recursos para infraestructura regresan intactos a la Federación mientras las colonias se hunden en el abandono.
¿Y qué hacen los diputados mexiquenses ante este desastre? Absolutamente nada, prefieren administrar el conflicto, nadar de muertito y no tocar los privilegios de los partidos políticos locales que se alimentan del presupuesto municipal.
Ante el vacío de autoridad que deja el Congreso del Estado de México, la gestión pública se ha mudado de forma patética al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).
Los magistrados operan como árbitros de guardería, al resolver juicios ciudadanos de regidores indignados que denuncian la “violación a sus derechos” cuando no se les permite chantajear a gusto. Todo porque en Toluca no hay voluntad política para legislar y fijar mecanismos punitivos contra el boicot sistemático.
Mantener la obligatoriedad del aval del Cabildo sin castigar penal o financieramente a los ediles que paralizan un ayuntamiento es un insulto a la ciudadanía.
Si el Congreso mexiquense carece del valor para emular a Hidalgo y agilizar la administración por completo, que al menos justifique su jugosa dieta: es urgente reformar la Ley Orgánica Municipal para que el regidor que bloquee un presupuesto por interés de grupo sea cesado e inhabilitado de inmediato.
Mientras los legisladores legislen para las élites y no para las calles, el verdadero contrapeso en el Estado de México no será la ley, sino el peso muerto de un Congreso que prefiere ver los municipios paralizados antes que incomodar a sus burocracias.
La ley mexiquense condena a los alcaldes a mendigar el aval de síndicos y regidores para firmar cualquier contrato elemental.
TE SUGERIMOS:
¡La Jornada Estado de México ya está en WhatsApp!Sigue nuestro CANAL y entérate de la información más importante del día.
TAR
