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Durante décadas, México fue identificado como un país de familias numerosas y una población joven en constante crecimiento. Hoy esa realidad comienza a quedar atrás. Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) muestran una tendencia clara, nacen cada vez menos mexicanos. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, esta disminución refleja una transformación profunda en la estructura social, económica y demográfica del país.
Los datos son contundentes. En 2024 se registraron poco más de 1.67 millones de nacimientos, con una reducción respecto al año anterior, mientras que la tasa global de fecundidad ronda los 1.6 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1. Esto significa que de mantenerse esta tendencia, México enfrentará en las próximas décadas un envejecimiento acelerado de su población y eventualmente, una disminución del número total de habitantes.
Sin embargo, reducir este fenómeno a una supuesta “falta de interés por formar familias” sería una interpretación simplista. La caída de la natalidad responde a múltiples factores. El incremento en el costo de la vivienda, la educación, los servicios de salud y la manutención de los hijos ha llevado a muchas parejas a postergar o incluso descartar la posibilidad de descendencia. A ello se suma una mayor participación de las mujeres en la educación superior y el mercado laboral, así como el acceso a métodos anticonceptivos y una creciente autonomía para decidir cuándo y cuántos hijos tener.
Desde una perspectiva social, estos cambios representan avances importantes en materia de derechos, igualdad de género y planificación familiar. No obstante, también plantean desafíos que el Estado mexicano no puede ignorar. Un país con menos nacimientos implica, en el mediano plazo, menos estudiantes en las escuelas, una fuerza laboral más reducida y una presión creciente sobre los sistemas de salud y de pensiones, que deberán atender a una población cada vez más envejecida.
La discusión, por tanto, no debería centrarse en cuestionar las decisiones personales de las familias, sino en analizar si existen las condiciones para que quienes desean tener hijos puedan hacerlo sin enfrentar barreras económicas, laborales o sociales. En diversos países con bajas tasas de natalidad se han implementado incentivos fiscales, apoyos para el cuidado infantil, licencias parentales más amplias y políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar. En México, estas estrategias aún son limitadas y carecen de una visión integral.
Más que una crisis inmediata, México enfrenta un cambio estructural que exige análisis, previsión y decisiones de largo plazo. La disminución de la natalidad no es, por sí misma, una buena o una mala noticia, es el reflejo de una sociedad que cambia. El verdadero reto será garantizar que ese cambio ocurra acompañado de políticas públicas capaces de responder a las necesidades de las nuevas generaciones y de una población que inevitablemente, será cada vez más longeva.
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