Sergio Macedo y Gerardo Carmona
La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció que las fiscalías especializadas en delitos de homicidio, secuestro, extorsión, así como el robo de vehículo automotor, robos diversos y delitos sexuales, principalmente, no aplicaron los protocolos de investigación correspondientes y fabricaron falsos culpables, por ello presentaron 89 solicitudes de revisión que se entregaron a la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía de la 62 Legislatura del Congreso del Estado de México.
Detenciones arbitrarias y sentencias sin investigación científica
En entrevista, explicó que las solicitudes incluyen carpetas de investigación, sentencias de primera y segunda instancia, así como documentación sobre posibles violaciones al debido proceso.
Detalló que el caso de los falsos culpables por delitos fabricados de alto impacto en el Estado de México es un problema estructural y esto se explicó por el fracaso en la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal, Adversarial y Oral, por ello presentaron 89 solicitudes de revisión de casos de amnistía a la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía de la 62 Legislatura, debido a inconsistencias en las investigaciones de varias fiscalías especializadas.
“Esto lleva a que las fiscalías especializadas solo presenten en todo el proceso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (SJPAO) pruebas testimoniales o imputaciones y sin más pruebas que uno o más señalamientos, se sentencian con condenas a pagar por largos años en prisión por delitos de alto impacto que no cometieron”, recalcó.
Entre las principales deficiencias señaló la falta de investigaciones científicas, particularmente en delitos de secuestro, donde, aseguró, existen expedientes sin análisis de comunicaciones telefónicas que podrían resultar determinantes para esclarecer los hechos.
También denunció obstáculos para obtener las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y cuestionó que algunos abogados no entreguen a sus clientes la documentación de su defensa.
Pérez Espinoza mencionó que 70% de esas solicitudes, las detenciones fueron en supuesta flagrancia y no por órdenes de aprehensión: “esto lleva a concluir que los delitos se fabrican cuando las detenciones son ilegales y arbitrarias”, aseveró que en estas actuaciones de la autoridad se violaron derechos y se presenta la plena presunción de la fabricación de delitos: “esto se explica por las fallas estructurales del SJPAO y que en lo esencial es la falta de investigación inicial y complementaria, así como también la ausencia de los operadores de justicia”, comentó.
Exigen activar grupo de expertos en el Congreso o acudirán al amparo indirecto
Señaló que la Ley de Amnistía del Estado de México contempla la participación de expertos cuando la naturaleza de los asuntos lo amerite; sin embargo, cuestionó que no se hayan establecido mecanismos suficientes para garantizar su intervención.
“No se va a poder conocer si un falso culpable lo es o no lo es, si la Legislatura no toma sus facultades constitucionales”, advirtió.
El activista consideró que si el grupo de expertos del Poder Legislativo del Estado de México no analizan, estudian y resuelven las amnistías del Colectivo de PIDH, se interpondrán los respectivos juicios de amparo indirectos por la inconstitucionalidad que emitan las resoluciones del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).
Pérez Espinoza insistió en que la Comisión de Seguimiento a los Casos de Amnistía debe reunirse, definir los lineamientos para incorporar especialistas y disponer de recursos suficientes para revisar los expedientes.
Advirtió que, si las solicitudes son rechazadas sin un análisis especializado, la organización recurrirá nuevamente al juicio de amparo.
“La única figura jurídica que permite reivindicar a los falsos culpables es el grupo de expertos”, sostuvo, y reclamó que el Congreso asuma su responsabilidad frente a las presuntas injusticias cometidas por las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.
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