En México, las recientes reformas en materia de telecomunicaciones y protección de datos han reactivado el debate sobre el uso de información personal en trámites. Entre los cambios se encuentra la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, así como su vinculación con líneas telefónicas, lo que ha generado cuestionamientos sobre los alcances de la privacidad.
Reformas obligan a entrega de datos
Raonel Vences Díaz, presidente de la Academia de Protección de Datos Personales en el Colegio de Abogados del Estado de México, explicó que la propuesta de integrar datos biométricos en registros oficiales responde a problemáticas como la desaparición de personas.
“Lo que se pretende es que se tenga un registro biométrico de todos los mexicanos, principalmente fundado en el sentido de que hay muchas desapariciones y como los medios lo han mencionado, las tasas de desapariciones incluso se han incrementado, sí alarma incluso ya a nivel internacional”, dijo.
El especialista indicó que, desde una perspectiva operativa, estos mecanismos buscan facilitar procesos como la geolocalización. Sin embargo, planteó que el debate se centra en las garantías para la protección de la información personal que se recaba.
“Todas estas acciones que ha implementado el gobierno pretenden que tengamos ese registro para poder facilitar la geolocalización. que si lo vemos desde un punto de vista objetivo, no sería incorrecto. Aquí el problema es ¿Cómo se garantizaría la protección de estos datos para la generalidad de personas?”, señaló.
Explicó que antes de los cambios institucionales existía un órgano autónomo encargado de vigilar el uso de datos personales, este esquema permitía una supervisión externa y generó avances en la materia.
“El hecho de que existiera este órgano garante implicaba que, de alguna manera, un ente ajeno al Estado Mexicano, tuviera la obligación constitucional de velar porque se protegieran tus datos. Actualmente, aunque existe esta protección, este órgano forma parte ya del la estructura del poder ejecutivo y por ende, de laguna manera es juez y parte”, mencionó.
Amparos no son dables
Sobre las opciones jurídicas, señaló que se han promovido amparos por parte de ciudadanos para evitar el registro de datos biométricos vinculados a servicios de telecomunicaciones.
“En el caso de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que es la que obliga a que todos, a través de la CURP biométrica, tengamos que registrar nuestro número celular. En ese sentido se han realizado amparos, incluso colectivos por parte de personas físicas para solicitar la suspensión, en su caso, provisional o definitiva y no estar obligados a registrar su CURP o sus datos.
Sin embargo, estos amparos se han venido resolviendo y ha resuelto los tribunales federales que estos amparos no son dables, han hecho echado abajo estas suspensiones argumentando que se protege un interés mayor al individual , haciendo un poco una protección generalizada, por así decirlo”, señaló.
Finalmente, exhortó a las personas a ejercer su obligación de revisar las condiciones de uso de datos tanto en instituciones públicas como privadas y, en caso de considerar una afectación, acudir a asesoría legal para evaluar opciones conforme al marco vigente.
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