En lo que va de 2026, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) ha iniciado más de 5 mil juicios relacionados principalmente con responsabilidades administrativas, multas, pensiones, clausuras y otros actos emitidos por autoridades. De ese universo, menos del 15% ha llegado a la etapa de juicio de amparo, informó el presidente del organismo, Luis Eduardo Gómez.
El magistrado explicó que los expedientes se encuentran en distintas fases procesales, dependiendo de la complejidad de cada asunto y de los recursos promovidos por las partes involucradas.
“Algunos están en ejecución de sentencias, algunos en notificaciones y algunos se encuentran todavía agotando otras instancias, como es el juicio de amparo, que posiblemente son menos del 15%”, señaló.
Más que sanciones emitimos sentencias
Indicó que la función principal del Tribunal no consiste en imponer sanciones, sino en revisar la legalidad de los actos administrativos emitidos por las autoridades y determinar si estos deben mantenerse o invalidarse. Precisó que las multas que sí impone el órgano jurisdiccional corresponden a casos de desacato por parte de servidores públicos.
“Nosotros más que sanciones emitimos sentencias, sentencias de validaciones o invalidaciones de los actos de las autoridades. Las multas normalmente son por desacato y es las autoridades por incumplimiento en el acotamiento de alguna solicitud de información, la primera empieza 100 UMAs (11 mil 131 pesos) y puede llegar a las 900 UMAs (105 mil 579 pesos)”, dijo.
Pocos juicios llega a etapa de amparo
Agregó que la duración de los procedimientos depende de la materia y de las pruebas que deban analizarse durante el proceso. Sin embargo los de menor duración tienen un lapso aproximado de 2 meses.
“Los tiempos pueden variar, hay algunos que son más sencillos; por ejemplo, el combatir una multas de tránsito que puede tardar unos 2 meses en que se pueda consolidar la sentencia, hay otros mucho más complejos como el de responsabilidad administrativa que conlleva el análisis de muchísimas constancias”, mencionó.
Asimismo, señaló que el uso de mecanismos alternativos para la solución de controversias administrativas continúa siendo limitado, aunque el Tribunal busca fortalecer estas herramientas como una vía para resolver conflictos sin necesidad de agotar todo el procedimiento jurisdiccional.
“Ahorita tenemos más o menos el 10% que se resuelven en conciliación, es muy poquito porque también los mecanismos alternativos de solución de controversia son una etapa de la justicia en la que se está interviniendo de forma más progresiva para que haya una mediación administrativa. Ahorita tenemos también como el 10% en estos mecanismos”, comentó.
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