Vecinos de la Zona Esmeralda hicieron un llamado urgente al Gobierno Municipal de Atizapán para intervenir en el condominio Montebello de Lago Esmeralda, donde señalan que el desarrollador inmobiliario ha incumplido la normatividad en la construcción de la caseta de acceso.
Irregularidades, sellos de suspensión y opacidad
De acuerdo con los residentes entrevistados cuyos nombres no quisieron dar y en un vídeo que circula en redes sociales, la obra presenta irregularidades que ya habían sido detectadas por las autoridades, motivo por el cual se colocaron sellos de suspensión.
Sin embargo, acusan que posteriormente se otorgó la licencia de construcción y se retiraron dichos sellos, lo que consideran una contradicción y un acto de permisividad frente a las anomalías.
Los inconformes sostienen que la caseta no cumple con los lineamientos establecidos en el reglamento de construcción municipal, lo que pone en entredicho la legalidad del proyecto y la seguridad de quienes habitan el fraccionamiento.
Por su parte, Norma Ochoa de Fajardo, presidenta legítima de la Asociación de Colonos de Condado de Sayavedra, advirtió que este problema se da en toda la zona Esmeralda, dónde existe la falta de transparencia en el proceso de autorización de construcciones py eso genera desconfianza hacia las autoridades responsables de vigilar el desarrollo urbano.
Cabe destacar, que en un video difundido bajo la consigna “¿Y si sí?”, los vecinos comparan la situación con las acciones emprendidas en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde el alcalde Mauricio Tabe ha encabezado operativos contra fraccionadores que incumplen la ley.
Comparan aplicación de la ley con la CDMX
Con ello, destacaron, buscan evidenciar la diferencia en la aplicación de la normatividad y exigir que se actúe con la misma firmeza.
Los residentes recalcan que su exigencia no es política, sino ciudadana, y que lo único que buscan es garantizar el respeto a la ley y la protección de su patrimonio.
Piden que se revise la legalidad de la licencia otorgada y, en su caso, sancione al desarrollador por las irregularidades cometidas.
Exhortan a las autoridades a demostrar que existe voluntad para frenar los abusos inmobiliarios y garantizar que los proyectos urbanísticos se desarrollen en apego a la normatividad, privilegiando la seguridad y el bienestar de la comunidad.
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