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En la vida pública, las relaciones profesionales suelen convertirse, con el paso del tiempo, en terreno fértil para las sospechas. Basta que dos personas hayan compartido una oficina, una actividad o una etapa laboral para que alguien pretenda extender la responsabilidad de una a los actos de la otra. Pero una cosa es haber coincidido en el trabajo y otra, completamente distinta, participar o tener conocimiento de conductas presuntamente irregulares.
El caso de Juan Carlos Padilla Aguilar obliga a detenernos en esa diferencia.
Padilla ha sostenido que su relación laboral con Alfredo Hernández concluyó en 1993 y que el último contacto entre ambos ocurrió en 1994. También ha negado conocer las actividades empresariales que este último desarrolló posteriormente.
Son datos que deben considerarse al examinar los señalamientos, no para sustituir una investigación, sino para evitar que las conclusiones se construyan a partir de suposiciones.
¿Desde cuándo una relación laboral del pasado constituye, por sí misma, prueba de complicidad? ¿En qué momento haber abierto las puertas de una oficina a quien después fue su secretario puede convertirse en una responsabilidad permanente por todo lo que esa persona haga años más tarde?
La responsabilidad es individual. Se acredita mediante hechos, documentos, actuaciones y pruebas; no mediante asociaciones retrospectivas ni por la simple cercanía que alguna vez existió entre dos personas.
Si hay elementos que investigar, que se investiguen. Si existen documentos que comprometan a alguien, que se presenten y se examinen. Nadie debe estar por encima de la rendición de cuentas, pero tampoco nadie debería ser puesto bajo sospecha únicamente por haber compartido una etapa de su vida profesional con otra persona.
Conozco a Juan Carlos Padilla y es mi amigo. No oculto esa relación ni pretendo que mi amistad sustituya las pruebas. Precisamente por respeto a la verdad, considero necesario distinguir entre la solidaridad personal y el análisis de los hechos. Defender el derecho de una persona a no ser juzgada por insinuaciones no significa pedir impunidad; significa exigir el mismo rigor que debe aplicarse a cualquier ciudadano.
El tiempo también importa. Treinta años no son un detalle menor cuando se pretende establecer responsabilidades. Las fechas, los vínculos y las actuaciones deben colocarse en su contexto, no acomodarse para construir una historia que los documentos no necesariamente sostienen.
En el debate público debemos tener cuidado con las condenas anticipadas. La reputación de una persona no puede quedar a merced de una cadena de asociaciones, rumores o interpretaciones que no han sido demostradas.
La amistad no me impide preguntar; me compromete a ser cuidadosa con lo que afirmo. Mi responsabilidad como periodista es precisamente esa: no confundir una sospecha con una prueba, ni una relación del pasado con una responsabilidad presente.
La justicia exige investigar a quien corresponda, pero también exige no atribuir culpas sin demostrar hechos. Porque la responsabilidad no se transmite por cercanía, no se hereda por asociación y no se construye con insinuaciones.
glmontanohumphrey@gmail.com
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