La nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) representa una oportunidad para modernizar la institución, ampliar la participación de su comunidad y fortalecer sus mecanismos de transparencia y justicia; sin embargo, su verdadero alcance dependerá de cómo se traduzcan estos cambios en el Estatuto Universitario y en las normas secundarias.
Así lo consideró Enrique Jacob Rocha, exprofesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y exdiputado local.
Nueva Ley de la UAEMéx deberá garantizar autonomía
Jacob Rocha destacó que el éxito de la nueva ley no estará en lo que promete en el papel, sino en su capacidad para construir una universidad más abierta, incluyente, autónoma y responsable ante su comunidad y la sociedad mexiquense.
Además, se pronunció sobre las modificaciones a la legislación universitaria y el proceso que deberá seguirse para su aplicación.
Explicó que, idealmente, las reformas a una ley universitaria deben surgir del consenso entre quienes integran la institución: comunidad académica, estudiantes, autoridades directivas y sindicatos.
Son estos sectores los que, mediante la discusión y los acuerdos dentro de los órganos universitarios, construyen las propuestas que posteriormente deben ser analizadas y aprobadas por el Congreso mexiquense.
Sobre la posibilidad de que los legisladores hayan realizado ajustes al proyecto acordado previamente, señaló que pueden existir precisiones o adecuaciones, incluso a través de artículos transitorios, sin que necesariamente esto signifique vulnerar la autonomía o la legislación universitaria.
No obstante, advirtió que sería delicado introducir cambios de fondo en aspectos estructurales que ya fueron discutidos y consensuados por la comunidad, pues los legisladores deben respetar los principios y acuerdos que dieron origen a la reforma.
Modificaciones tienen como propósito armonizar la ley
Consideró que las modificaciones legislativas pueden tener como propósito armonizar la nueva ley con otros ordenamientos jurídicos, corregir interpretaciones o precisar disposiciones, pero no alterar sustancialmente lo que ya fue acordado.
Jacob Rocha sostuvo que la UAEMéx necesitaba actualizar su marco jurídico después de más de tres décadas y reconoció avances importantes en la nueva legislación, como la ampliación de la participación universitaria, la incorporación del voto directo, el fortalecimiento de los derechos de sus integrantes, los mecanismos de justicia y bienestar, así como la ruta planteada hacia la gratuidad.
Sin embargo, subrayó que estos avances deben acompañarse de reglas claras sobre la ponderación del voto, la independencia de los órganos electorales y de justicia, la fiscalización de los recursos y las condiciones financieras necesarias para garantizar la gratuidad sin comprometer la calidad académica.
Desde su experiencia en la vida política estatal, consideró fundamental evitar dos riesgos: la concentración del poder dentro de la institución y la intervención de intereses externos.
Afirmó que democratizar la universidad no significa únicamente permitir que todos voten, sino garantizar procesos transparentes, equitativos y confiables.
Por ello, definió su postura como favorable, pero vigilante, al considerar que el éxito de la nueva ley no estará en lo que promete en el papel, sino en su capacidad para construir una universidad más abierta, incluyente, autónoma y responsable ante su comunidad y la sociedad mexiquense.
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MPH

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