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Al menos 30 personas han promovido amparos contra el procedimiento de Registro e Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, mediante el cual el Gobierno federal busca vincular los números de celular con la identidad de sus titulares, informó el Colegio de Abogados del Valle de México.
Raúl Varela, abogado de esta organización, explicó que inicialmente hubo un amplio interés de la ciudadanía por recurrir a la vía legal para inconformarse contra esta disposición, debido a la preocupación que generó la entrega de datos personales y la posible vulneración de la privacidad.
Al principio hubo gran interés en los amparos
Sin embargo, señaló que muchas personas desistieron de promover un amparo al considerar que, si no realizaban el trámite por cuenta propia, las compañías telefónicas terminarían efectuando el registro de sus líneas.
El abogado confirmó que el Colegio ha impulsado recursos legales contra esta medida y que actualmente se encuentran a la espera de que las autoridades judiciales emitan las resoluciones correspondientes.
Recordó que, cuando se anunció la implementación de esta disposición, se estimaba que hasta 90 por ciento de los usuarios podría estar en desacuerdo; no obstante, la inconformidad no se ha traducido necesariamente en recursos legales, pues hasta ahora se tiene conocimiento de alrededor de 30 personas que han recurrido al amparo.
Varela también hizo referencia a las aclaraciones difundidas por el Gobierno sobre el alcance del registro y las obligaciones de los usuarios, particularmente en el caso de quienes cuentan con planes tarifarios y aquellos que adquirieron tarjetas SIM de prepago.
¿Qué es el Registro e Identificación de Líneas Telefónicas Móviles?
El procedimiento, denominado Registro e Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, consiste en asociar cada número celular con una persona física o moral, mediante datos oficiales que permitan identificar al titular de la línea. La medida fue planteada por las autoridades federales como una estrategia para combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y otras actividades ilícitas realizadas mediante dispositivos móviles.
Para cumplir con esta disposición, los usuarios deben presentar una identificación oficial vigente y su Clave Única de Registro de Población (CURP). El trámite es gratuito y puede realizarse mediante los mecanismos habilitados por las compañías telefónicas, tanto en sus centros de atención como a través de plataformas digitales.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció que las empresas deben informar y recordar a sus clientes sobre la obligación de realizar el registro. En caso de incumplimiento dentro de los plazos establecidos, las líneas pueden ser suspendidas, lo que dejaría a los usuarios sin servicio, salvo las funciones de emergencia que contempla la regulación.
Mientras las autoridades defienden el registro como una herramienta para fortalecer la seguridad, las inconformidades legales mantienen abierto el debate sobre los alcances de esta medida, la protección de los datos personales y el derecho de los ciudadanos a la privacidad, destacó Raúl Varela.
La resolución de los amparos será relevante para conocer los criterios judiciales sobre la aplicación de esta disposición y las garantías que deben tener los usuarios de telefonía móvil, finalizó.
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TAR
