¿Qué es una reserva de información?

La reserva de información es una figura prevista en la legislación mexicana de transparencia. Consiste en que una autoridad clasifica temporalmente ciertos documentos o datos para impedir su divulgación pública, cuando hacerlos públicos podría afectar un interés protegido por la ley. 

Entre las causas más comunes están la seguridad nacional, las investigaciones penales en curso, los procesos judiciales, las negociaciones diplomáticas, las estrategias de seguridad pública y los datos cuya difusión cause un daño mayor al interés público. 

Lo importante es que la reserva debe ser excepcional, temporal y estar debidamente justificada. En teoría, no puede utilizarse simplemente para evitar críticas o esconder errores de gobierno. 

Respecto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la situación es un poco más matizada de lo que ha circulado.

En semanas recientes sostuvo que, cuando la ley lo permite, debe privilegiarse la máxima transparencia. En un caso relacionado con documentos diplomáticos e investigaciones en curso, instruyó que se hiciera pública toda la información posible y que únicamente permanecieran reservados los documentos cuya confidencialidad exige la ley, como las notas diplomáticas o elementos de investigaciones abiertas. 

Es decir, su postura pública ha sido que no debe reservarse todo un expediente si existen partes que pueden conocerse y solo debe mantenerse reservada la información cuya divulgación pueda afectar un proceso legal o la relación diplomática entre Estados. 

Para una columna política, quizá el debate más interesante no sea preguntar si existe la reserva de información, porque esa figura existe en prácticamente todas las democracias, sino cuándo deja de proteger al Estado y comienza a proteger al poder.

Todos tenemos un cajón con llave en casa. Ahí guardamos las escrituras, el testamento, una joya de la abuela, o los documentos del banco. No lo tenemos porque escondamos un delito, sino porque hay información que debe protegerse hasta el momento oportuno.

El gobierno también tiene ese cajón. Se llama reserva de información. El problema comienza cuando nadie sabe qué hay dentro, quién tiene la llave o cuándo piensa abrirlo. Por eso vale la pena hacernos tres preguntas.

Primera. ¿La reserva protege al país… o protege al gobierno? La ley permite reservar información cuando hacerla pública pondría en riesgo una investigación, una operación de seguridad o incluso la vida de personas. Ahí tiene sentido.

Pero si la reserva sirve para evitar preguntas incómodas, ocultar errores administrativos, retrasar responsabilidades o impedir que los ciudadanos conozcan cómo se tomaron ciertas decisiones, entonces deja de proteger al Estado y empieza a proteger al poder. Y esas, son dos cosas muy distintas.

Segunda. ¿Quién vigila al que decide guardar el secreto? En una democracia no basta con decir: “Confíen en mí”. La autoridad debe explicar por qué reserva un documento, cuánto tiempo permanecerá cerrado y cuál sería el daño concreto de hacerlo público. Porque el poder sin vigilancia termina creyendo que la información le pertenece. Y no. La información pública pertenece a los ciudadanos. Los gobiernos solamente la administra.

Tercera. El silencio también comunica. Cuando una autoridad responde con demasiados documentos testados, expedientes cerrados, o archivos reservados, la ciudadanía comienza a llenar los espacios vacíos con sospechas. No porque todos los gobiernos mientan. Sino porque la opacidad siempre produce desconfianza.

La transparencia no consiste en abrir absolutamente todo. Ningún país serio lo hace. Consiste en demostrar que únicamente permanece cerrado aquello cuya difusión realmente pondría en riesgo el interés público.

Esa es la diferencia entre una democracia madura y un gobierno que teme ser observado. La reserva de información no es mala por definición. Lo peligroso es convertir la excepción en costumbre. Porque cuando un gobierno se acostumbra a guardar silencio, los ciudadanos empiezan a preguntarse qué es exactamente lo que intenta que nunca lleguemos a saber.

La transparencia absoluta puede poner en riesgo investigaciones y la seguridad del Estado; la opacidad absoluta pone en riesgo la democracia. Entre ambos extremos existe una línea muy delgada: la confianza ciudadana. Cuando la reserva de información está fundada en la ley, protege el interés público. Cuando se convierte en un hábito para evitar el escrutinio, deja de ser una herramienta jurídica y se transforma en un instrumento de poder. Esa es la frontera que todo gobierno democrático está obligado a respetar.

En una democracia, la confianza no nace de los secretos. Nace de la certeza de que, cuando un expediente se cierra, existe una razón legítima para hacerlo y una fecha cierta para volver a abrirlo.

gildamh@hotmail.com

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